La política son también gestos, sobre todo, en un mundo informativo en que las noticias se devoran unas a otras con una rapidez extraordinaria. El anuncio del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de que este viernes se desplazará a Bélgica para entrevistarse con Carles Puigdemont y que lo hará unos días antes de que se concedan los indultos a los presos políticos y de que se entreviste con Pedro Sánchez en la Moncloa, es un reconocimiento al exilio que padece la persecución del estado español y de normalización de las relaciones con el president Carles Puigdemont.

Con el papel del Consell per la República aún por resolver, Aragonès y Puigdemont podrán abordar desde diferentes puntos de vista la estrategia a seguir tanto en lo que respecta a las relaciones con el gobierno del Estado como la necesidad de implementar la defensa de una ley de amnistía, como la petición de un referéndum que se quiere acordado pero que deje abierta o no la vía de la unilateralidad. El pacto de gobierno entre Esquerra y Junts per Catalunya ha obligado a realizar concesiones mutuas tanto en lo que respecta al reparto de carteras como a la negociación con el Gobierno Sánchez a través de la mesa de diálogo durante un periodo de dos años que debería concluir con una moción de confianza del president en el Parlament, según el acuerdo entre ERC y la CUP.

Que la represión continúa y que el encorsetamiento a que somete el Estado a Catalunya impide movimientos al Govern que se alejen de la justicia española es fácil observarlo cada día. Este martes, por ejemplo, se ha confirmado que el president Puigdemont seguirá sin escolta de los Mossos d'Esquadra pese a que la Generalitat no la ha reclamado y el Ministerio del Interior se ha negado a tramitarlo alegando que vive en el extranjero. Es más, el lunes se conoció que el exconseller de Interior Miquel Buch afronta una petición fiscal de seis años de cárcel y 27 de inhabilitación por haber autorizado que Puigdemont tuviera una mínima seguridad personal en los momentos en que era evidente la hostilidad de sectores de la opinión pública española en su contra.

No deja de llamar una y otra vez la atención cómo el estado español utiliza todos los recursos a su alcance para atemorizar al independentismo ,bien sea con petición de penas de prisión o con demandas económicas estratosféricas a través del Tribunal de Cuentas. El caso del exconseller Andreu Mas-Colell, a quien el Tribunal de Cuentas puede llegar a embargar su casa, su pensión y su cuenta bancaria, ha llegado con fuerza a los Estados Unidos, donde ha recibido un fuerte apoyo del mundo académico norteamericano. Un ejemplo: el exasesor del Consejo Económico de la Casa Blanca ha denunciado el uso del poder con motivaciones políticas para castigar a los servidores públicos. Es corrosivo, ha sentenciado.