El Govern no se plantea enviar escolta a Carles Puigdemont. El caso de Miquel Buch, para quien la Fiscalía pide 6 años de prisión por supuestamente garantizar la seguridad al expresident de la Generalitat establecido en Bruselas, ha abierto una nueva caja de pandora.

El nuevo conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, no modificará el criterio que hasta ahora se ha aplicado, tal como ha confirmado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja. Y es que, aunque la Generalitat ha reclamado poder tener mossos d'esquadra en Waterloo y Bruselas, donde vive y trabaja Puigdemont, para cubrir su seguridad como a los otros expresidents, el Estado se ha negado a tramitarlo alegando que el ahora eurodiputado no reside en Catalunya. Según Plaja, Interior aplica el mismo criterio que el que tenía con los consellers Miquel Buch y Miquel Sàmper, para "no poner en riesgo a los funcionarios públicos".

Ayer Jordi Sànchez reclamaba la seguridad para el expresident. Sànchez anunció que pedirá al conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, que restablezca el servicio de escolta al expresident de la Generalitat y presidente de su partido, Carles Puigdemont, para que pueda disponer "de la máxima seguridad en los espacios de trabajo, en la vivienda personal y como persona física". "Solicitaré que de manera inmediata se pueda restablecer lo que todos los expresidents de la Generalitat tienen derecho" a tener, ha subrayado en rueda de prensa telemática, después de apuntar que es una cuestión pendiente de resolución por parte del Govern.

Todo eso después de que la Fiscalía Superior de Catalunya haya pedido condenar al exconseller de Interior Miquel Buch a seis años de prisión y 27 años de inhabilitación por supuestamente facilitar el servicio de escolta a Puigdemont en Bélgica, y también acusa al sargento de Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, que había sido jefe operativo de la unidad de escotas de presidencia, como cooperador necesario.

Para Sànchez, es "inaceptable" que la Fiscalía plantee unas peticiones de prisión para dos personas que, según su opinión, cumplieron con su deber, y más cuando se quiere abordar democráticamente la solución al conflicto catalán. "La petición de prisión contra Buch y el sargento Escolà es sólo una prueba más de que la represión no para. Es una evidencia más de que el Estado no tiene ninguna voluntad de encarar una solución efectiva a un problema político", concluyó.

Pero hoy en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern la portavoz, Patrícia Plaja, ha dejado claro que la petición de Sànchez es compleja. Concretamente, ha expuesto que el actual Govern está en la misma posición en la que estaba Miquel Buch y Miquel Sàmper respecto de este tema y que hay un compromiso explícito de no poner en riesgo a los funcionarios públicos. En la misma posición que Buch y Sàmper.