Acaba de cerrar el presidente del Gobierno el curso político con un alegato de 45 minutos en que no solo nos ha prometido presentar los presupuestos de 2026 en otoño y agotar la legislatura, sino que ha garantizado que tenemos (casi) las calles más seguras del mundo, que los españoles no son más pobres que en 2018 y que mantiene su disposición a reunirse con Carles Puigdemont. Pedro Sánchez en El país de las maravillas, con un tono triunfalista que poco o nada se parece al año legislativo que ha sufrido, donde ha perdido 142 votaciones, la mayoría en asuntos económicos o de energía. En todo caso, el declive del Gobierno se ve en la enorme distancia de los periodistas en su comparecencia en la Moncloa: no más de quince minutos para contestar los únicos cuatro turnos de palabra que se concedieron.

Si no existieran las hemerotecas, el compromiso de unos nuevos presupuestos generales del Estado, con la contundencia con la que lo aseguró, gozaría de una mínima credibilidad. Pero un despacho de la agencia Europa Press, del pasado septiembre, decía lo siguiente en palabras de Sánchez: "El gobierno trabajará por la aprobación de unos presupuestos que lleven el ADN, la marca y el sello del ejecutivo de coalición progresista. Unos presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública que venimos haciendo". Los de 2025 no se presentaron, como tampoco llegaron a las Cortes los de 2023. Veremos si este otoño es diferente, pero su compromiso tiene, hoy por hoy, mucho de brindis al sol y de haber desconectado con la realidad.

No hay en el horizonte, con los mimbres actuales, la más mínima posibilidad de que Sánchez pueda reunir de nuevo la mayoría parlamentaria de investidura. Se le han alejado por la derecha Junts per Catalunya y por la izquierda los morados de Podemos con Pablo Iglesias a la cabeza. Ambos han elevado el tono de manera significativa hasta convertir el final de curso en un verdadero naufragio para el Gobierno. A cada anuncio del Consejo de Ministros seguía una carrera de obstáculos en el Congreso de los Diputados, donde han sido reprobados dos ministros —Óscar Puente un par de veces y Fernando Grande-Marlaska—; han caído tres reales decretos, la senda de estabilidad y cuatro proposiciones de ley. El Ejecutivo se ha dado de bruces con la reforma laboral de las 37,5 horas y la llamada reforma Bolaños, una verdadera trampa de modificación judicial, se ha tenido que retirar precipitadamente.

No hay en el horizonte, con los mimbres actuales, la más mínima posibilidad de que Sánchez pueda reunir de nuevo la mayoría parlamentaria de investidura

¿Puede todo ello cambiar bruscamente? Estando como estamos en el ecuador de la legislatura y después de dos años repletos de trampas, que han reducido al mínimo la confianza de los socios en el gobierno y en Pedro Sánchez, no parece nada fácil. Además, las expectativas electorales del PSOE van directamente al desguace, ya que varios sondeos arrojan un pronóstico nefasto para la izquierda: el PP tendría más diputados que todos los demás partidos que apoyaron a Sánchez en la investidura. Si a ello sumamos Vox, podrían acercarse a los 200 escaños, si no superarlos. Un escenario, este último, enormemente delicado, puesto que con 210 escaños, dos tercios del Congreso, se puede modificar la Constitución y eso podría ser toda una tentación para PP y Vox.

Resumiendo: no se observa ninguna encuesta en que la caída del PSOE y Sumar beneficie a Junts, a Esquerra, al PNV o a Bildu. En el mejor de los casos, alguno de los cuatro igual ganaría un único escaño. Sobre Podemos hay disparidad de criterios demoscópicos, ya que algunos sondeos les dan claramente al alza de los cuatro que ahora tienen y otros los dejan más o menos como están. Sánchez va directamente hacia el fondo del mar, pero, a este paso, igual no va solo.