La decisión del Tribunal Supremo ordenando al Museu Nacional d'Art de Catalunya que restituya en la sala capitular del monasterio oscense de Santa María de Sijena las pinturas murales de allí extraídas alegando que el museo no es el titular de las obras sino el depositario pone, en principio, punto y final a una larga disputa de más de once años entre el gobierno de Aragón y la Generalitat de Catalunya. De nada ha valido la documentación existente, básicamente el contrato que firmó la priora del monasterio de Valldoreix (donde fueron las monjas de Sijena) con la Generalitat, en 1992, y que incluía la cesión de obras, ni el pronunciamiento de numerosos expertos que consideran el traslado un despropósito además de comportar un grave riesgo para el mantenimiento de las pinturas y su integridad. Se ha acabado produciendo una decisión política en la que lo de menos ha sido las obras en litigio sino el conflicto entre Catalunya y Aragón, muy potenciado por un socialista aragonés tan anticatalán y acomplejado como Javier Lambán, que curiosamente se licenció en Historia Contemporánea por la Universitat de Barcelona y que, por la razón que sea, no debe tener un buen recuerdo de aquella época. 

Todo se inició en 2014, cuando el gobierno de Aragón reclamó la titularidad de las obras de Sijena y exigió su traslado inmediato al monasterio. Allí se interpuso la primera demanda y la magistrada del juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca fue quien dictó la primera sentencia, en julio de 2016, ordenando que se entregaran unas 97 obras a Sijena, una parte de las cuales estaban en el Museu de Lleida y otras en el MNAC. Desde aquel momento ha ido transitando por diferentes instancias judiciales, siempre con la misma doctrina, hasta quedar ratificado ahora por el Supremo. Falta, por tanto, la ejecución de la misma por el juzgado de Huesca y conocer los plazos que establezca para el retorno de los murales. Es importante, para los que no están avezados con el conflicto, recordar que estas pinturas murales románicas de Sijena (1196-1208), de gran valor, fueron rescatadas por prohombres de la cultura catalana, después de que el monasterio fuese incendiado en el inicio de la guerra civil española. Durante décadas se han conservado en el MNAC y para evitar lo que ahora está sucediendo, la Generalitat quiso adelantarse al conflicto e inició en época de los consellers Max Cahner y Joan Rigol las negociaciones con las monjas para la cesión de las obras.

Si las obras de Sijena hubieran estado en uno de los museos de Madrid, el litigio no se habría producido

El tribunal lo ha considerado, en la práctica, papel mojado, al dictar que la priora del monasterio de Valldoreix donde se trasladaron las monjas de Sijena no tenía la representación del monasterio oscense y, consecuentemente, el MNAC no es el titular de las obras, sino el depositario y, por tanto, procede su devolución al cenobio. Durante estos años que ha durado el litigio no he encontrado ni un conservador museístico que haya abonado la tesis de que su traslado se podía realizar sin problema alguno, más allá de su opinión sobre el litigio. Es más, he leído o escuchado muchísimas opiniones de expertos que han alertado de los riesgos de exponer las pinturas a un daño irreversible si el traslado se acababa autorizando, primero, y se realizaba después. Estamos, por tanto, en un conflicto con tres frentes muy diferentes: la catalanofobia en la denuncia y en la sentencia, el deterioro de las obras que pueda haber en el traslado de Barcelona a Sijena y la pérdida importante de un patrimonio cultural catalán.

El Govern de Salvador Illa ha pedido prudencia y ha señalado que no hará nada que pueda perjudicar a las obras. Puede querer decir que estudiará cómo encontrar un resquicio legal para demorar el traslado y, si puede, no llegarlo a ejecutar. Cuatro presidentes de la Generalitat antes que Salvador Illa han intentado esquivar la demanda judicial del gobierno de Aragón: Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès. Dos consellers de Cultura, Lluís Puig y Santi Vila, han tenido causas judiciales abiertas y se les ha pedido incluso por la Fiscalía hasta dos años de prisión por incumplimiento de sentencias de otras instancias judiciales inferiores al Supremo. Siempre he defendido que, en este caso, la actitud del gobierno de Aragón y de su presidente era fruto de un primario anticatalanismo. No tengo duda de que si hubieran estado en uno de los museos de Madrid, el litigio no se habría producido, ya que no hubiera necesitado un conflicto con Catalunya para mirar de crecer políticamente. Pero Lambán hizo del anticatalanismo el eje central de su política, fuera Sijena o los Juegos Olímpicos de Invierno. Y le funcionó.