Habrá que esperar al final del trámite parlamentario y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para poder efectuar una valoración completa y definitiva de la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el PSOE y Unidas Podemos respecto a la supresión del delito de sedición en el Código Penal y su sustitución por un delito de desórdenes públicos agravados —ese es el complejo nombre que se han inventado para definirlo a partir de ahora— que, como era esperable, ha dividido al independentismo. Esquerra Republicana ha salido rápidamente a valorarla positivamente y le ha dado su apoyo, mientras que Junts, la CUP, Òmnium Cultural y la ANC, con modulaciones diferentes, la han criticado al entender que no soluciona el problema y han señalado que abre una peligrosa vía para castigar las acciones de protesta y manifestaciones multitudinarias y criminalizar la disidencia política a través de la ampliación de los delitos de desórdenes públicos.

Después de varios meses con movimientos hacia adelante y hacia atrás, Pedro Sánchez ha dado el paso y podrá decir que ha modificado el delito de sedición que databa de 1822 y que fue la piedra angular de la condena a los presos políticos en el juicio del procés, una vez el Tribunal Supremo descartó la condena por rebelión y bajó un grado la petición de la Fiscalía. Dieciséis meses después de la concesión de los indultos por parte de la Moncloa, lo que permitió la aprobación de los presupuestos generales del estado de 2021 con Esquerra, el PSOE se asegura las cuentas públicas de 2023, oficializa la ruptura de puentes con el Partido Popular, gira el Ejecutivo hacia peticiones de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu y hace un gesto que, obviamente, no está pasando desapercibido. Eso sí, con doble y dispar lectura en España y en Catalunya: mientras en Madrid se ha abierto una batalla campal con todo el amplio espectro de la derecha —la política, la mediática y la judicial— lanzando acusaciones de traición a España, en Catalunya Sánchez deberá pasar la prueba del algodón con la reducción, además, vía enmiendas, de la condena por malversación actualmente vigente en el Código Penal y, también, poder demostrar que la modificación futura es realmente útil, más allá de los grandes titulares que hasta ahora se han hecho.

Salvando todas las distancias, la frialdad con que el grueso del independentismo ha recibido la iniciativa se debe en parte a dos factores y recuerda mucho a lo que sucedió en junio de 2021 cuando se conocieron los indultos provisionales y parciales a los nueve presos políticos. No se podía decir que no era nada, ya que suponía un cambio para los condenados por el procés que llevaban más de tres años en prisión, pero no se avanzaba en la solución del conflicto. Ahora, 24 horas después del anuncio sobre la sedición, no hay unanimidad de los juristas en la valoración de la iniciativa legislativa, en la interpretación de cómo quedarían las penas de los condenados por el Tribunal Supremo y los resquicios para que pudieran recuperar sus derechos. Y, sobre todo, el limbo en el que quedarían los exiliados que ni han iniciado una posible condena, que tampoco es segura que fuera de menos años de prisión; y que, si no es vía inmunidad del Parlamento Europeo ratificada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirían teniendo muy difícil su retorno. Además, el riesgo de que la reformulación del delito de desórdenes públicos sirva para criminalizar aún más el derecho a la protesta y la disidencia política, como han advertido Òmnium y la ANC, puede hace pensar en una triquiñuela para que todo siga igual.

La pregunta del millón, una vez conocida la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos, solo puede ser una: ¿se avanza hacia la resolución del conflicto y se da un paso en la desjudicialización de la política? La respuesta solo puede ser que no, por más que, si uno se sitúa en la posición del presidente del gobierno español, tampoco nadie podía esperar que fuera mucho más allá. Si las dos condiciones del independentismo eran amnistía y autodeterminación, es obvio que quedan fuera de este borrador. Si a lo que se aspiraba es que hechos como los del 1 de octubre no fueran considerados delito, lo siguen siendo, aunque la condena es más baja. El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha sido claro al señalar que no se despenalizaban las "conductas delictivas" de 2017 y no se desjudicializaba nada. En paralelo, el presidente del grupo socialista en el Congreso, Patxi López, ha remarcado que, con la reforma, la extradición de Puigdemont a España será más fácil.

Resumiendo, Sánchez ha jugado con habilidad sus cartas y es noticia que haya cumplido la palabra dada. Es más de lo que parece pero eso, en política, es una habilidad. No un defecto. Y la exageración, en todo caso, es de todo el arco político en un momento en que todos quieren que les sirva como palanca para sus argumentos, a favor y en contra.