Aunque los más cercanos a Pedro Sánchez repiten una y otra vez que el presidente está tranquilo, dice haber hecho todo lo posible por atajar la corrupción en su gobierno y en su organización política, y el CIS le entrega encuestas a la carta en las que el PSOE ganaría las elecciones generales por diez puntos de diferencia al Partido Popular, algo más tendrá que hacer que pedirles cartas a los Reyes en la persona de José Félix Tezanos. La petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de prisión para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por haber cobrado comisiones a empresas a cambio de darles contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de la covid formulada por el fiscal jefe, Alejandro Luzón, ya no es un invento de la fachosfera ni de los medios fake.

Como tampoco lo es la puesta en libertad provisional este miércoles del exsecretario de organización socialista Santos Cerdán, en una celda de la prisión de Soto del Real desde el pasado 30 de junio. Su salida tiene mucho que ver con la presunción de inocencia que debe tener cualquier detenido y muy poco con que haya pocas pruebas de haber cometido importantes delitos. Al menos, esta es la opinión del magistrado del Tribual Supremo Leopoldo Puente, conocida el día siguiente del demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil en el que se aseguraba que una empresa vinculada a Cerdán, Servinabar, cobraba el 2% neto de las obras adjudicadas a Acciona y que el ex número tres socialista era el enlace entre el gobierno de Pedro Sánchez y la constructora madrileña en los amaños de obra pública. Servinabar tenía también en nómina a buena parte de la familia de Cerdán y corría con los gastos de su mujer, la ya hoy famosa Paqui, que se ha hecho popular en menos de 24 horas por sus desorbitadas compras en El Corte Inglés.

Es palmario a estas alturas que la situación política y judicial de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es insostenible

Dice el magistrado Puente en su auto de libertad de Cerdán, después de recordar que ya se había pronunciado en anteriores escritos sobre la posible libertad del socialista cuando desapareciera el riesgo de alteración, ocultación o destrucción de pruebas: "Ciertamente, ha llegado este momento. El resultado de la investigación practicada no solo no ha diluido los consistentes indicios de criminalidad con los que ya se contaba en la causa, sino que, muy al contrario, los ha reforzado en buena medida y ha abierto nuevas líneas de investigación. Ello, no obstante, la prisión provisional, constituye una medida cautelar de carácter excepcional que únicamente halla justificación cuando concurre alguno de los elementos contemplados en el artículo 503 de la ley de enjuiciamiento criminal [el que hace referencia a la prisión provisional]".

Es palmario a estas alturas que la situación política y judicial de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es insostenible. Ya no es solo que no disponga de una mayoría parlamentaria para gobernar, circunstancia del todo insólita en países de nuestro entorno. Es que la vinculación entre gobierno, partido y corrupción cada vez es más estrecha. Una situación que, guste o no, ya interpela a todo el arco parlamentario y muy especialmente a la izquierda, que va a salir salpicada por acción o por omisión. Las palabras de Sánchez asegurando que había actuado contundentemente cuando conoció los hechos y que ahora hay que dejar a la justicia trabajar son tan endebles que necesitan pruebas más que declaraciones.

Empezando porque esa actitud encomiable de dejar trabajar a la justicia le faltó y mucho en el juicio al Fiscal General del Estado, quien, seguramente, antes de estas Navidades será declarado culpable por el Supremo e inhabilitado con carácter inmediato. Y es que los hechos no dan la razón al presidente del Gobierno, entre otras cosas porque cuesta de digerir que todo su núcleo duro le haya troleado y él no se haya enterado de nada. Absolutamente de nada. Eso en política tiene que tener consecuencias, bien en el parlamento o, si no, en las urnas.