El caso de la menor de 12 años tutelada por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la DGAIA, víctima de una red de pederastia, en el que la Fiscalía pide un total de 107 años de prisión para un hombre que la violó reiteradamente, ha abierto en canal un debate larvado desde hace tiempo y que los diferentes gobiernos iban sorteando más mal que bien. No es ni mucho menos el único caso, pero el escándalo actúa como punta del iceberg de una situación en que se han ido poniendo parches y mucho dinero, cuando lo que se necesitaba era parar el reloj y analizar si el modelo de gestión que aún está vigente y que viene de los años 80 del siglo pasado sigue siendo válido. Y, más aún, en un momento en que convergen dos realidades. En primer lugar, nunca ha sido tan fácil que muchas familias perdieran la tutela de sus hijos en beneficio de la administración, cuando ello debía ser lo contrario, o sea, la última solución posible. En segundo lugar, una realidad radicalmente diferente ya que, a partir de los años 2017 y 2018, en ocasiones, incluso una cantidad no muy alejada del millar de niños inmigrantes aproximadamente, han quedado cada año bajo la tutela de la administración catalana.

Una situación que no estaba prevista y planificada por las administraciones, sino que fue fruto de la dispersión de menores inmigrantes procedentes de Canarias que ha ido haciendo el gobierno español por todo el territorio. Según el informe estadístico mensual del pasado mes de marzo elaborado por la secretaria de Infància, Adolescència i Joventut de la conselleria de Drets Socials e Inclusió que dirige Mònica Martínez Bravo, de la que depende la DGAIA, Catalunya acoge actualmente a 6.450 niños y jóvenes migrantes no acompañados, 2.242 de los cuales son menores de edad tutelados y 4.208 mayores de edad en prórroga asistencial. Los niños y jóvenes migrados solos suponen el 40% del total de niños y jóvenes acogidos por la DGAIA, y el 56,1% de niños acogidos en centros residenciales. A medida que el problema se hacía grande, y se ha hecho muy grande en los últimos años hasta convertirse en un problema sistémico, se optaba por poner parches, muchos recursos económicos, y se prestaba menos atención a cómo estaban los niños. Era más importante una solución global, aunque no fuera buena, que dedicar recursos, que ya no los había, y descender a cada uno de los expedientes para saber el detalle de la situación de cada niño o niña.

A medida que el problema se hacía grande, se ha optado por poner parches y muchos recursos económicos en vez de prestar atención a los niños 

Además, ha habido, ya se sabe perfectamente, picaresca de gente que en vez de evitar que los niños fueran carne de cañón de explotación y violencia sexual han mirado hacia otro lado y se han hecho ricos, generando un patrimonio inmobiliario. Con las ayudas recibidas, el dinero para alquiler de viviendas y otros menesteres se acababa transformando en inmuebles en propiedad que se iban pagando mensualmente con el dinero de la Administración. La síndica de Greuges, Esther Giménez Salinas, ha abierto una actuación de oficio, aunque ella ya había advertido hace un año, en una resolución de marzo de 2024, que la DGAIA debía poner el foco en la fuga de los menores tutelados de los centros. Fue como respuesta a una queja presentada por el Col·lectiu d'Educadors i Educadores de Catalunya, que alertaba de que esta era una problemática extendida en todo el territorio. Otro informe de la sindicatura de 2023 ya alertaba de que el riesgo de explotación sexual era más elevado entre las adolescentes que residen en los centros del sistema de protección público. También la Oficina Antifrau de Catalunya ha abierto una investigación por la gestión de las ayudas de la DGAIA a jóvenes extutelados.

La consellera, que ha tenido un perfil público bajo sobre el problema, ha asegurado este jueves que la DGAIA necesita una transformación profunda y que eso ha sido evidente muchos años. No le falta razón, pero con ella al frente de la conselleria, la DGAIA ha estado en el centro de la polémica desde hace meses, y hace solo unas semanas cesó la directora general que nombró el pasado mes de agosto, cuando tomó posesión. Martínez Bravo, que vive a caballo entre Madrid y Barcelona, ha pedido comparecer en el Parlament para dar explicaciones y llegar hasta el final. Allí se encontrará al grupo parlamentario de Junts per Catalunya, que ha anunciado su voluntad de impulsar una comisión de investigación en la Cámara legislativa catalana. Junts también quiere entrar en lo que considera anomalías graves en el ámbito de la contratación pública y de subvenciones.  A última hora de la tarde, el PSC, ERC y los comunes también pactaron la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre la actividad de la DGAIA desde el 2011 y hasta el 2025. La época que se investigará, afecta, pues, a gobiernos y consellers de todos colores políticos, ya que en estos quince años ha habido siete titulares del ramo: Josep Lluís Cleries (2010-2012), Neus Munté (2012-2016), Dolors Bassa (2016-2017), Chakir El Homrani (2018-2021), Violant Cervera (2021-2022), Carles Campuzano (2022-2024) y Mònica Martínez Bravo. Tres de ellos militantes de Junts aunque formaran parte en el pasado de Convergència o del PDeCAT —Cleries, Munté y Cervera—; otros tres de Esquerra —Bassa, El Homrari y Campuzano— y una del PSC.