El Gobierno y las comunidades autónomas se han reunido este lunes en Madrid para celebrar una Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Juventud que tendría que haber tenido lugar la semana pasada; pero se suspendió a causa del apagón general. El objetivo de la reunión era salir con un acuerdo unánime sobre cómo repartir a los 4.400 menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente en las Islas Canarias y Ceuta. Afortunadamente, el Congreso de los Diputados convalidó a principios de abril un decreto que ya establecía una pauta de reubicación en caso de que esta conferencia sectorial no llegara a un pacto. El encuentro de hoy ha sido infructífero. No ha habido ningún acuerdo de ninguna clase y solo ha servido para que el Gobierno y el PP salieran con cara de pocos amigos tirándose los trastos a la cabeza. Después de la tensa reunión, la Generalitat también ha salido a criticar las comunidades autónomas del PP.
La primera a valorar la reunión ha sido, precisamente, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, que ha acusado a los populares de poner "palos en las ruedas" en esta negociación. "La reunión ha empezado de forma cordial; las comunidades empatizamos con el drama humanitario de las Canarias; pero hay autonomías responsables y hay quien se opone a hacer un reparto ágil", ha dicho en unas declaraciones en las que ha sacado pecho del espíritu "solidario" de Catalunya, ya que es la comunidad autónoma que más menores acoge actualmente; motivo por el que en el nuevo reparto será el territorio que menos se quede.
Las consejeras del PP que esperaban su turno para hablar ante los medios se han burlado de que la consellera destacara el carácter solidario de los catalanes. Cuando ha terminado la consellera catalana, ha sido el turno de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila-Ponce de León. Ha hablado en nombre de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP. "Asistimos a la continuidad del proceso ilegal para proceder a un reparto arbitrario y forzoso para contentar a un prófugo que ha cocinado los criterios que pretende aprobar el gobierno", ha dicho en referencia a Carles Puigdemont. Y ha amenazado con no cumplir un reparto que compensa el esfuerzo previo realizado por Catalunya porque el PP se esperará, como mínimo, a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la norma.
Por último, ha ofrecido una rueda de prensa la ministra Sira Rego, que ha anunciado que el Gobierno enviará este martes un requerimiento formal para que las autonomías envíen en un plazo de diez días datos reales sobre el número de menores migrantes que acogen actualmente; ya que hay territorios que no han enviado los datos o que incluso los han falseado. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia apuntan que poco después de finalizar este plazo ya se podrá saber cuántos menores se acaba quedando cada autonomía.
La reforma de la ley de extranjería
El texto aprobado en la cámara baja reformó el artículo 35 de la ley de extranjería: se articuló un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solos desde zonas de llegada cuando los recursos de acogida de una comunidad autónoma lleguen al 300% de su capacidad. PSOE y Junts per Catalunya pactaron que los criterios ponderaran de una manera que en los futuros repartos se tenga en cuenta el esfuerzo previo que ha hecho cada comunidad autónoma en esta materia. Es decir, que Catalunya —territorio que lidera la lista de autonomías que absorbe más menores— sea quien menos acoja en la próxima reubicación.
Así, se establecieron los siguientes criterios, con sus respectivas ponderaciones: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo anterior (6%), dimensionado estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Aparte, el Gobierno destinará un paquete de 100 millones de euros para financiar esta nueva acogida.
El PP, contrario al reparto de menores extranjeros aprobado por el Congreso
La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han opuesto a este reparto con el argumento que invade competencias autonómicas; pero los dos territorios que se han declarado especialmente en rebeldía son Aragón y la Comunidad de Madrid: en el primer caso se han negado a entregar al Gobierno datos sobre la cantidad de niños y niñas que acoge actualmente; y en el segundo se han entregado datos engañosos y tramposos para intentar quedarse con menos. Todas las autonomías gobernadas por el PP, de hecho, han presentado recursos en contra de esta ley.