La Conselleria de Drets Socials i Inclusió ha abierto un expediente interno para investigar el escándalo de la menor de 12 años a cargo de un centro de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que fue violada por una presunta red de pederastia y prostitución. La cosnellera, Mònica Martínez Bravo, comparecerá en el Parlament de Catalunya motu proprio para informar sobre las actuaciones que ha llevado a cabo el Departament. "Ante la gravedad de los hechos y con voluntad de transparencia, la consellera presentará en sede parlamentaria las conclusiones preliminares del expediente", asevera el Govern en una nota emitida este miércoles.
"Con esta comparecencia en el Parlament, el Govern reitera su compromiso absoluto con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, así como con la transparencia y la mejora continua de los protocolos de actuación en situaciones de riesgo y de violencia sexual contra la infancia", señalan desde el Departament de Drets Socials. El objetivo de las indagaciones internas, apunta al Govern, es revisar en profundidad la cronología de los hechos, identificar posibles carencias y reforzar los mecanismos de protección de los niños ante la violencia sexual.
Una niña de 12 años a cargo de la DGAIA, inmersa en una red de abusos
El caso, de que estalló en 2021, afecta a varios menores de edad todavía está en manos de las autoridades judiciales y policiales. Todo se destapó cuando los educadores que trabajan en el centro de la DGAIA donde estaba la chica, en l'Hospitalet de Llobregat, detectó que en el móvil tenía conversaciones con hombres, por lo que los mismos trabajadores, siguiendo los protocolos, se pusieron en contacto con la familia con el fin de denunciar los hechos a la policía. A raíz de esto, fue detenido T. L. M., un hombre de 45 años y nacionalidad española, electricista de profesión. El individuo habría agredido sexualmente a menores de edad de entre 12 y 17 años y ofrecerlas, a cambio de dinero, a otros hombres. La Fiscalía pide, de momento, por el primer caso de que llegará a juicio, 107 años de prisión. Todavía hay dos causas más pendientes, derivadas del primer caso, que investigan los Mossos d'Esquadra y el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.
El primer cacheo en casa de este detenido, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, permitió intervenir conversaciones con menores y grabaciones de abusos sexuales a las menores por parte de otros hombres. Así, los investigadores identificaron a otros agresores, que fueron arrestados, también, en 2024. El líder de la trama y uno de los otros detenidos siguen en la prisión. Se detuvieron a dieciséis hombres, de entre 19 y 50 años, como sospechosos. El primer hombre detenido captaba a los menores de edad a través de diferentes aplicaciones, tanto de citas como en redes sociales, y los captaba ofreciéndoles regalos e incluso drogas. Escogía preferentemente menores en situaciones vulnerables, como la primera denunciante, del centro de menores de l'Hospitalet de Llobregat, de donde se escapaba a menudo, momentos que aprovechaba el pederasta para quedar con ella.
Investigación y alerta de la síndica de Greuges
Por su parte, la síndica de Greuges ha informado, este miércoles, que ha abierto una actuación de oficio a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación por las agresiones y explotación sexual que sufrió una niña de 12 años mientras que se encontraba bajo la protección de la Administración de la Generalitat. Añade que pedirá información al Departament de Derechos Sociales e inclusión, al de Educación y al de Salud, “con la voluntad de conocer las circunstancias alrededor de los hechos tan graves que se denuncian, las medidas tomadas una vez se detectó los abusos que había sido sometida, y qué atención está recibiendo a día de hoy, ahora que han salido a la luz pública”.
Además, la síndica ha recordado que, el noviembre de 2023, en su informe “La desinstitucionalización del sistema de protección a la infancia y la adolescencia” se denunciaban carencias estructurales del sistema de protección a la infancia y se planteaban propuestas para su transformación.
El informe de la institución del Síndic de Greuges también “alertaba que el riesgo de explotación sexual es más elevado entre las adolescentes que residen en los centros del sistema de protección” y, por este motivo, pedía a la DGAIA que "adoptara medidas específicas para evitar que sufran este tipo de abuso"; y ahora con el caso de la menor pregunta qué se ha hecho.