¿Qué tendrá que las noticias que quiere comunicar la Zarzuela sobre la corrupción de Juan Carlos I y de la monarquía siempre se trata de hacerlas coincidir con un momento en que la opinión pública está para otras cosas? La marcha de Juan Carlos I al dorado exilio en los Emiratos Árabes Unidos se produjo en las primeras horas del mes de agosto de 2020, aprovechando un fin de semana en un intento de amortiguar el impacto de su marcha de España en medio del estallido de numerosos casos de corrupción. De la misma manera que Felipe VI quiso comunicar que renunciaba a la herencia de su padre y que le había retirado la asignación que tenía el 16 de marzo de 2020 y, casualidades, el presidente Pedro Sánchez había decretado 48 horas antes, el 14 de marzo, el primer estado de alarma en todo el estado para hacer frente a la expansión del coronavirus. Y, como no hay dos sin tres, este miércoles, en plena invasión de Ucrania por Rusia, con un conflicto bélico de dimensiones mundiales aún desconocidas, la fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido dar carpetazo a cualquier responsabilidad penal que pudiera haber por parte de Juan Carlos I de supuestas comisiones del AVE a la Meca. Se enriqueció pero estaba protegido por la inviolabilidad y cuando no la tenía entonces no está tan claro o ha prescrito.

Queda así el expediente judicial atado y bien atado, que, supongo, de eso se trataba. Solo falta que como corolario alguien le haya enviado el billete de regreso a Madrid, donde como si se tratara de pelillos a la mar, el gobierno socialista habrá cumplido con el cometido iniciada con Alfredo Pérez Rubalcaba como jefe de la oposición al entonces presidente Mariano Rajoy: propiciar una transición rápida en la jefatura del Estado y desplazar al emérito como fuera, antes que la Corona saltara por los aires; desactivar la bomba que era Corinna zu Sayn Wittgenstein, más conocida como Corinna Larsen, amante y comisionista; y, finalmente, que la justicia española diera carpetazo a los numerosos escándalos que le perseguían en España, en el Reino Unido y en Suiza. Queda la carpeta Corinna pero para todo lo que había abierto el círculo casi se ha cerrado del todo.

Por en medio, obviamente, la imagen internacional de España, con dos conflictos como son el territorial por la exigencia del independentismo catalán que solo se ha conseguido aplazar con una represión implacable, y el anterior jefe del Estado cruzando la frontera precipitadamente para instalarse en los Emiratos Árabes Unidos, ha caído a niveles de degradación importantes. Un informe internacional conocido ayer mismo y que recoge la última actualización del índice de Varieties of Democracy (V-Dem) hace retroceder a España entre cuatro y doce posiciones en la clasificación mundial. El ránking anual de The Economist publicado recientemente también situaba España en la categoría de democracia defectuosa. Los informes van cayendo y todos en la misma dirección: España ha perdido calidad democrática y la justicia o la represión están entre las razones de todo ello.

Se cierran todas las carpetas judiciales, pero no desaparece ni mucho menos la vinculación entre la monarquia española y la corrupción. Se soluciona un problema personal y, si quiere, el billete de vuelta de los Emiratos Árabes Unidos con destino a Madrid ya se lo puede ir sacando. Pero el problema institucional persiste ya que no se niega la mayor, que hubo corrupción, sino que no era perseguible en su condición de jefe de estado, o ha prescrito o no se ha podido probar. Demasiados cabos sueltos para quien ya no podrá zafarse nunca de la corrupción como una manera de ejercer la tarea de rey durante casi cuatro décadas que acabaron en el desguace al que van todos los juguetes rotos.