La campaña electoral para desbancar al independentismo del poder ha empezado con un mensaje inequívoco a 600 kilómetros de Barcelona, en el Congreso de los Diputados: PSOE, Podemos y Vox sacando adelante el decreto que regula los 140.000 millones de fondos europeos que llegarán a España procedentes de Bruselas. El arte de las palabras esconderá esta realidad o hará juegos de manos explicando que Vox se ha abstenido pero la única verdad capaz de pasar el filtro de lo que allí sucedió es que sin esa milagrosa abstención de la ultraderecha el real decreto hubiera vuelto a la Moncloa para un nuevo redactado y una nueva tramitación parlamentaria. Para los que se reían de la oferta del secretario general del partido ultraderechista, Javier Ortega Smith, la primera en la frente: antes que un nuevo president independentista, cualquiera.

Queda claro, por tanto, que una nueva operación Colau en Barcelona puede repetirse en Catalunya con Illa, y allí donde estaban los tres concejales de Manuel Valls dispuestos como un solo hombre a hacerla alcaldesa ahora, si aritméticamente fuera posible, habría unos cuantos diputados de Vox para llevar al ex ministro de Sanidad en volandas al Palau de la Generalitat. Porque ya no valen expresiones como no quiero sus votos o no pactaré nunca que, en el fondo, no quieren decir nada. Aquí, la pregunta a contestar es si estarán en un hipotético gobierno que reciba estos votos o no. Si están dispuestos a no aceptar los votos de Vox. Como se hace eso? Pues es bien sencillo. En el caso que nos ocupa del Congreso de los Diputados, retirando el decreto antes de que sea aprobado con los votos de Vox. En el caso de una investidura presidencial, renunciar a ella si los diputados de Vox están por en medio. Así sí se es creíble y lo contrario son palabras que se pierden en el fondo del mar.

El día cero de la campaña, la tradicional pegada de carteles, también nos ha mostrado los límites de la movilización de los comicios del 14 de febrero: mucha utilización de las plataformas digitales y poco, muy poco público en las inexistentes gradas de espectadores. Vamos, como un partido de fútbol. Va a costar mucho darle velocidad a la campaña aunque en juego esté mucho más que un cambio de gobierno según cuales sean los resultados. Porque el objetivo del unionismo es hacer un país diferente, descatalanizarlo y armonizarlo con España. Motivos más que suficientes para movilizar al electorado que no esté de acuerdo con un programa electoral que acabaría siendo de gobierno y que pretenda borrar el país del mapa.

De la movilización o no que se pueda producir en las próximas dos semanas dará cuenta la participación en las urnas el próximo 14 de febrero. En estos momentos se estima por los encuestadores una participación alrededor del 60% cuando en las del 21 de diciembre del 2017 fue de 79,01%. Estaríamos hablando de unos veinte puntos menos, difíciles de adjudicar por las empresas demoscópicas ya que la suma de abstención política con la de una pandemia no se ha dado nunca, si descontamos las últimas elecciones vascas y gallegas. Porque abstención política sí ha habido y de una manera significativa en los años 80 -59,37% de participación en 1988- y en los 90 -un 54,87% de sufragios en 1992- períodos de hegemonía pujolista.

Una última noticia del día cero de la campaña: este mismo viernes está previsto que abandonen la cárcel los presos políticos catalanes con la excepción de Carme Forcadell. Estarán todos ellos presentes en la campaña gracias al tercer grado si la justicia no lo impide con alguna decisión de las suyas. Es una buena noticia que, aunque no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con la amnistía, normaliza parcialmente una situación insostenible.