La decisión de la ejecutiva de Junts per Catalunya de retirar el apoyo de la formación política que lidera Carles Puigdemont al gobierno de Pedro Sánchez, adoptada este lunes por unanimidad en Perpinyà, resetea la legislatura española, deja al PSOE en minoría en el Congreso de los Diputados y le sitúa en el punto de partida en que se encontraba tras las elecciones de 2023, como perdedor de aquellos comicios del mes de julio. La ruptura es traumática, como todas las separaciones, por más vaselina que ponga Moncloa y que la procesión vaya por dentro. La frase dirigida a Pedro Sánchez sobre su situación a partir de ahora es contundente: "Podrá ocupar sillones, pero no gobernar. Podrá tener gobierno, pero no podrá ejercer gobierno". Es el punto final a cuatro decepciones del acuerdo suscrito en Bruselas y que dio luz verde a la vigente legislatura: las condiciones que lo hicieron posible ya no existen, no hay voluntad de acuerdos políticos en tiempo y forma, se ha generado una gran desconfianza política con el PSOE, y, finalmente, no hay resultados tangibles.
Junts per Catalunya, reunirá este martes su consell nacional para ratificar el acuerdo de la comisión ejecutiva y el miércoles y el jueves consultará a la militancia, una votación en la que no se esperan sorpresas. El guion de la semana pasada se ha cumplido a la perfección con la única variación de que Puigdemont no ha pedido la convocatoria de elecciones directamente y se ha limitado a decir que Pedro Sánchez tendrá que explicar cómo piensa gobernar si no tiene los votos para hacerlo. De hecho, responsabilizó al PSOE del divorcio político producido por haber roto los acuerdos de investidura y le señaló como el único responsable, ya que detalló, uno a uno, los incumplimientos durante estos dos años —también los acuerdos, que ocuparon mucho menos tiempo— para resaltar que a ese punto final se había llegado aunque Junts si había cumplido. Las carpetas pendientes son de sobras conocidas: aplicación real de la ley de Amnistía, oficialidad del catalán en Europa, transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya. E introdujo una, poco explicada habitualmente, como es la presentación de las balanzas fiscales —donde se refleja el déficit fiscal del Estado con Catalunya— y el desconocimiento sobre la ejecución de la inversión pública del Estado en 2024 de acuerdo con los presupuestos generales.
La gran pregunta en este momento no puede ser otra que: ¿cómo sigue a partir de ahora la legislatura? Y, sinceramente, no tiene una respuesta clara y solo puede haber especulaciones porque Puigdemont dejó el suficiente terreno de juego para que cada uno saque las conclusiones que quiera. Sus palabras son claras: "El nuestro no es un proyecto político que tenga por vocación la estabilidad española. Si va bien para Catalunya, hablemos, y si no, adiós". El primer objetivo de Junts a partir de ahora va a ser sacarse la presión de lo que van a hacer ellos. De hecho, con siete diputados han llegado al límite de lo que pueden hacer: pasar a la oposición y dejar al gobierno en minoría. La presión pasa a ser ahora para Pedro Sánchez y para Alberto Núñez Feijóo. Al presidente del Gobierno no le debió sonar extraño que Puigdemont le acusara de trilerismo, de practicar el juego de dónde está la bolita, un pasatiempo normalmente asociado a la estafa y que se apuesta en la calle.
A Sánchez no le debió sonar extraño que Puigdemont le acusara de trilerismo, de practicar el juego de dónde está la bolita, normalmente asociado a la estafa
No hubo mensajes para el PP, ni para Feijóo. Ni buenos, ni malos, ya que si los hubiera habido solo hubieran sido de los segundos. La posición de los populares en el tema de la oficialidad del catalán en la UE irrita sobremanera al president en el exilio, que tampoco consigue entender la actitud del gallego oponiéndose a una iniciativa que, además del catalán, beneficiaría al vasco y al gallego. Sin duda es una mirada corta de Feijóo, incapaz de pulsar con una mínima prudencia temas sensibles en Catalunya. Desde la lengua a la financiación que Catalunya necesita. Aunque la ruptura era en Madrid y en el Congreso de los Diputados, Puigdemont también pasó cuentas con el PSC, su rival electoral en Catalunya, al que le recordó, incluso, la alianza con el PP para quitarle la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias y las votaciones en el Parlament en las que los socialistas catalanes han compartido alianza con PP y con Vox, lo que definió como alianza estratégica del españolismo. Una respuesta contundente, quizás, a algunas pocas voces que le piden en su partido no cerrarse a acuerdos con el PSC.