En las próximas semanas, el Govern deberá abordar con el resto de fuerzas parlamentarias, empezando, lógicamente, con Esquerra Republicana y los comunes, la recta final de la ampliación del aeropuerto de El Prat, una obra imprescindible y sobre la que existe un gran consenso empresarial. El president Salvador Illa se ha declarado siempre un firme defensor e incluso esta misma semana ha declarado que si el consenso político no se produce, adoptará la decisión que le corresponde como máxima autoridad de Catalunya. Desde el principio nunca fue una decisión fácil, ya que en cuestiones como el desbloqueo de las infraestructuras, la mayoría fácil está, en teoría, entre el PSC y Junts, pero ello se complica enormemente cuando choca con la estabilidad de la mayoría de gobierno, ya que para ERC y los comunes no es del agrado ser considerados en una cuestión tan fundamental plato de segunda.

Sea como sea, los plazos van pasando y todo el mundo es consciente de que el acuerdo debe llegar, como sea, antes del verano, si tiene que estar realizada la infraestructura en 2034, por dos razones: en primer lugar, por un problema de calendario. Bruselas espera la carta oficial del Govern anunciando su posición oficial a favor de la ampliación. Un trámite imprescindible para que empiece a contar el tiempo para su construcción. Pero también hay una razón de carácter electoral: a final de este mes de mayo, se cumplirá el ecuador de las elecciones municipales celebradas en 2023. El Ayuntamiento de Barcelona ya despejó este tema hacia la Generalitat el pasado mes de febrero para apremiarla con un acuerdo entre PSC, Junts, PP y Vox. Más tarde, en marzo, el comité asesor municipal de infraestructuras presentó un dictamen favorable a la ampliación.

Los plazos van pasando y todo el mundo es consciente de que el acuerdo debe llegar, como sea, antes del verano si tiene que estar realizada la infraestructura en 2034

Este es el cuadro general en estos momentos, que se complementa con decisiones públicas contrarias de Esquerra y los comunes que han ido elevando el tono en los últimos meses. Incluso, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de los comunes, ha anunciado la construcción de un centro cultural junto al aeropuerto para poner trabas a la ampliación. Todo ello coincide con una cifra récord de pasajeros este mes de abril, en el que se alcanzaron los 4,9 millones de pasajeros (un 6,6% más que en 2024) y una cifra de 16,7 millones en el primer cuatrimestre, un 4,2% más que el pasado año. Es obvio que estos datos también ponen presión a una infraestructura cada vez más congestionada.

Este debate de la ampliación se solapa con otro del que ni Govern ni Aena quieren oír hablar, la transferencia de la gestión de los aeropuertos catalanes a la Generalitat. El presidente de Aena, el socialista catalán Maurici Lucena siempre se ha posicionado en contra y ha señalado públicamente que era prácticamente imposible. Es una vieja demanda, que ya estuvo muy presente en la elaboración del Estatut de Pasqual Maragall, en la negociación final con el gobierno español, y en la que las fuerzas políticas catalanas dieron su brazo a torcer. Obviamente, un avance en esta cuestión facilitaría un movimiento de Esquerra y tranquilizaría a Junts al que, como principal fuerza de oposición, no le viene mal el desgaste de Salvador Illa.

Vienen, por tanto, semanas interesantes en esta cuestión.