Está tan comprometida la prensa española de papel con la defensa, al precio que sea, de la unidad de España y, al mismo tiempo, tan necesitada de sustento económico por la crisis de modelo que padece, que buena parte de las reflexiones sobre lo que supone el CatalanGate hay que buscarlas como antaño en la prensa extranjera, y de una manera muy especial. El Financial Times, sin duda alguna el referente económico de mayor prestigio, acaba de publicar un artículo de su editor sobre cuestiones europeas, Tony Barber, en el que ha comparado el espionaje con Pegasus a una serie de políticos, activistas, abogados y periodistas independentistas llevado a cabo, algunos por el CNI y otros por las cloacas del Estado, con el caso Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon.

El caso de espionaje más masivo de Europa, revelado por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, cumplirá este miércoles un mes desde que se hizo público. El Gobierno español se resiste como gato panza arriba a dar información y mucho menos a que las responsabilidades lleguen allí donde ya deberían estar —cesada la ministra de Defensa, Margarita Robles, y exigencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la actividad de espionaje llevada a cabo por su departamento— y, por descontado, una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

El diario británico dice una obviedad que cuesta encontrar en la prensa española: la responsabilidad fundamental de la utilización del programario Pegasus recae en los gobiernos y las agencias de inteligencia, que son los únicos que pueden acceder sin problemas a su compra. Puntualiza que las democracias no dejan, en ningún caso, que sus espías vayan por libre y recuerda que las democracias son frágiles como casas de cristal y que vale la pena que los políticos no las pongan en riesgo. Ninguna de esas advertencias han sido tenidas en cuenta por el Gobierno español, que ha espiado simplemente por razones políticas y para conocer los movimientos de sus adversarios políticos.

No es verdad que la base del espionaje tenga que ver con movimientos para conseguir la independencia de Catalunya. Se perseguía a los independentistas con esta peregrina excusa —también sería ilegal— y lo que se hacía era conocer sus movimientos políticos en España y en el extranjero, y espiar a sus abogados para saber cuál era la estrategia de defensa de sus patrocinados, fundamentalmente presos políticos y exiliados. Además del caso del president Pere Aragonès cuando se estaba acordando la investidura de Pedro Sánchez está, por ejemplo, el caso del abogado Gonzalo Boye, en las fechas en que el president Carles Puigdemont comparecía ante la justicia de Bélgica.

Por todo ello, la dimisión de la exdirectora del CNI carece de valor político ante la gravedad de lo que ha sucedido. Nadie se puede llegar a creer que las decisiones no se han tomado mucho más arriba. Como nadie debe conformarse con una promesa vaga de que no se volverá a repetir. ¿Quién puede a estas alturas dar carpetazo a un asunto de tanta gravedad?