El hecho de que la detención de Leire Díez —la fontanera usada para trabajos sucios de las cloacas del PSOE y que tenía hace no mucho tiempo acceso libre a la planta noble del partido— por parte de la Guardia Civil sea una noticia más de la información política, demuestra hasta qué punto la podredumbre ha acabado insensibilizando a la sociedad. El hedor de tantos casos de corrupción, lejos de provocar un punto y final, ha acabado desencadenando un hartazgo generalizado del sistema político, alimentando a los extremos como grandes beneficiarios de un sistema que ha colapsado. El concepto gobernar ha adquirido una dimensión diferente a lo que dicen el sentido común y las leyes en España: hay Gobierno, pero no se gobierna porque no hay mayoría parlamentaria que lo respalde; se violenta la presentación de presupuestos y en lo que llevamos de legislatura no se ha aprobado ninguno y se trabaja con los prorrogados de 2023, que se aprobaron en 2022; y se degradan las instituciones permanentemente con ejemplos inacabables como la condena al fiscal general del Estado, el procesamiento de la mujer y el hermano del presidente Sánchez o la entrada de sus manos derecha, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en prisión.

Hoy hemos sabido que la mediática Leire Díez —que se hacía pasar por periodista y que lo que hacía era chantajear a jueces y fiscales e intentar desacreditar a la policía que llevaba casos del máximo interés del PSOE, y que está imputada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho— era detenida. Pero por otro caso que era secreto: el del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho, en esta misma operación también se ha detenido a su expresidente, Vicente Fernández, que también trabajó durante un par de años en Servinabar, la empresa vinculada al caso de Santos Cerdán. Fernández, hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero, se habría hecho en los últimos años con un patrimonio nada menor tras su paso por el Gobierno, y la Guardia Civil estaría analizando hasta doce inmuebles para saber si fueron comprados con comisiones ilegales.

Antonio Hernando, que en aquella fecha era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, participó aquellos días en dos reuniones con la fontanera convocadas por Santos Cerdán

Leire, detenida por los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, no era nadie, al parecer, pero estaba en reuniones muy restringidas del PSOE. Tanto que la versión política es poco creíble. Su papel se agigantó durante la crisis que se originó con el conato de dimisión de Pedro Sánchez en abril de 2024 y que motivó una movilización de las estructuras socialistas para impedirlo. Pues bien, Antonio Hernando, que en aquella fecha era director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, participó aquellos días en dos reuniones con la fontanera convocadas por Santos Cerdán. ¿Qué hacía Leire si era una simple militante? Pues aportar su documentación y su experiencia en las cloacas del poder con la información lograda con su condición de fontanera del partido. Hoy el PSOE se refugia en que es exmilitante, pero los casos sobrevenidos de ex en posiciones importantes empieza a ser preocupante.

Pero es que cuando salieron a la luz pública estas dos detenciones ya había dimitido, unas horas antes, el presidente de la Diputación de Lugo, acusado de acoso sexual, y el caso de Paco Salazar, exasesor de la Moncloa, también en el foco de un caso tan turbio como las denuncias de acoso sexual, que se han intentado minimizar por el PSOE durante varios meses, solo hace que agrandarse. En condiciones normales, estaríamos hablando de un final de etapa y de una duración limitada, ya que esta situación es difícilmente prolongable. Pero la vida política española no está en condiciones de normalidad. La primera, el exilio de Carles Puigdemont, que subordina el día a día a una anomalía como es el incumplimiento del Tribunal Supremo a la ley de amnistía. La segunda, un presidente que ha hecho de su resistencia la única carta de presentación de su actividad política, y de sus incumplimientos permanentes, su hoja de navegación. Y, en tercer lugar, un jefe de la oposición como Núñez Feijóo, que, lejos de ser percibido como el presidente in pectore, se pasa todo el día compitiendo con Vox.

La pregunta que hoy no tiene respuesta es: ¿cuántos meses más va a poder resistir las costuras de un sistema que hace aguas por todos lados, entre Leire, Ábalos, Cerdán, Koldo y todos los casos de corrupción existentes?