Tocado pero no hundido. Así ha dejado el Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz al condenarlo por revelación de secretos al sostener que él o “una persona de su entorno” difundió a un periodista un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso -con la confesión de Alberto González Amador de ser autor de dos delitos fiscales- para desmentir una noticia falsa sobre el Ministerio Público. La difundió el jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), que lo admitió en el juicio. En la sentencia hecha pública este martes, el alto tribunal español acota la condena de 2 años de inhabilitación al cargo de fiscal general del Estado, desde el cual habría delinquido. Es decir, a partir de ahora García Ortiz podrá seguir en la carrera fiscal, como fiscal adscrito al Tribunal Supremo. Desde su defensa, con nervios y tristeza, se esperaba el contenido de la sentencia para saber si debía de dejar de ejercer como fiscal, si así lo fijaba el Supremo; extremo, al final, no recogido. La normativa también recoge que un fiscal debe dejar la carrera si en ejercicio de su cargo es condenado a penas de prisión, medida también excluida por el Tribunal Supremo, a pesar del duro castigo impuesto.
Álvaro García Ortiz (Lumbrales, 1967) fue nombrado fiscal general del Estado el 1 de agosto de 2022 por el gobierno socialista de Pedro Sánchez, y desde entonces ha vivido un asedio desde los partidos opositores, como desde la Asociación de Fiscales (AF), entidad conservadora que domina la carrera, y enfrentada a la Asociación Progresista de Fiscales (APF), a la que pertenecen García Ortiz y su antecesora Dolores Delgado. García Ortiz dimitió de fiscal general del Estado el 24 de noviembre, cuatro días después de que el Supremo anunciara el fallo de su condena sin la argumentación. Un hecho insólito y criticado.
Inhabilitación “exclusiva” a fiscal general del Estado
En concreto, en la sentencia, el Tribunal Supremo manifiesta que “la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público (art. 42 Código Penal) supone la privación definitiva del cargo sobre el que recae. Se concreta, como exige el art. 42, exclusivamente en el que ostentaba el acusado en el momento de los hechos: Fiscal general del Estado”. Y aclara: “Nos parece que, desde una perspectiva estrictamente penal, es proporcionada esta acotación. No es necesario ser fiscal para alcanzar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. No nos corresponde dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano; tan solo constatamos que penalmente esta extensión limitada a dicho cargo nos parece proporcionada, revelándose como excesiva su proyección a otros”.
El Supremo añade que “esta era la petición de la acusación particular". Y razona que la fija en su extensión media, dos años. “Haber encapsulado la inhabilitación en este exclusivo cargo, tal como solicitaban muchas de las acusaciones, merma algo la aflictiva de la pena de inhabilitación, que se ve concentrada en la pérdida del cargo, lo que permite manejar con menos rigidez la duración”.
Un fiscal general promotor las "provincias"
En su corto mandato, García Ortiz, de carácter afable, ha apostado por reforzar la Fiscalía General del Estado con profesionales con mucha experiencia y de “provincias” -tal como él se define- para equilibrar el gran poder que ejercen los fiscales que son de la capital, de Madrid.
De la Fiscalía de Barcelona ha escogido a destacados expertos para el Tribunal Supremo: Miguel Ángel Aguilar, fiscal de sala de los delitos de Odio y Discriminación; Antoni Pelegrín, fiscal de sala de Medio Ambiente; Marta Marquina, fiscal destinada a la Inspección Fiscal; y recientemente Emilio Sánchez Ulled, fiscal anticorrupción del caso Palau y el 9-N, que ha vuelto de un cargo de asesor del Estado español en la Comisión Europea y el Consejo de Europa, y ha sido nombrado fiscal de sala coordinador de los delitos contra la Administración Pública. También fue allí, hace años, el fiscal anticorrupción y después de extranjería, Fernando Rodríguez Rey, ahora fiscal de sala coordinador de Delitos Económicos. Precisamente, la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también ejerció en Barcelona, como la mayoría de fiscales y jueces, al ser un partido judicial grande, con numerosos juzgados y tribunals.
Ahora, conocida la sentencia del Supremo, la defensa de García Ortiz podrá pedir amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos. Seguro que incluirá el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que sostienen que no hay suficientes pruebas para condenarlo, y que todo son "simples sospechas".