El Tribunal Supremo seguirá estudiando mañana cómo acaba el lío hipotecario, que tiene que resolver quien pagará de ahora en adelante el impuesto de las hipotecas. Después de ocho horas de reuniones este lunes, el alto tribunal ha decidido suspender el pleno poco antes de las ocho de la noche y reprenderlo mañana a las 10.

Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos -de los 31 que forman el pleno uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales- retomarán mañana a partir de las 10 el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance.

La sentencia no precisaba si la banca debe asumir la citada tasa a partir de ahora o, por el contrario, hacerlo también con las hipotecas suscritas en los últimos cuatro años -plazo de prescripción del impuesto- o incluso con aquellas firmadas con anterioridad a esa fecha. 

Amenazas, presiones e incertidumbre

Recordamos que todo este lío vino dado por una mala gestión de la decisión. La publicación de la sentencia y la posterior congelación -el día siguiente- por parte del Tribunal Supremo es algo que no tiene precedente, y el órgano judicial ha sido fuertemente criticado por esta "mala gestión". Incluso Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, admitió que "no se había llevado bien el caso de las hipotecas".

Y no sólo eso. El caso hipotecario toca tantos frentes que ha encendido clientes, bancos e incluso la política. La repentina congelación después de que los bancos perdieran con fuerza en bolsa por la nueva sentencia levantó el debate sobre la independencia de las decisiones del Supremo y el poder, o hasta qué punto había habido presiones entre la banca y la justicia. Incluso Podemos se querelló contra el juez que había parado la sentencia de las hipotecas, alegando "un delito de prevaricación judicial". Una querella, sin embargo, que el Supremo archivó al cabo de poco.

Todavía hoy Podemos se ha vuelto a hacer oír, llamando a movilizarse en caso de que "el Supremo ceda a los intereses de los bancos", en palabras de Pablo Echenique. Con todo, sólo queda esperar para ver qué decide el Supremo.

Antecedentes

El pasado 18 de octubre, tres sentencias cambiaron el criterio del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) y fijaron que lo tenía que pagar el banco. En cambio, en febrero habían dictaminado que tenía que hacerlo el cliente. La decisión tuvo fuertes consecuencias en la banca y en la bolsa, motivo por el cual, alegando las consecuencias "económicas y sociales" de la nueva decisión, el día 19 de octubre el presidente de la Sala Contenciosa-Administrativa, Luís María Díez-Picazo, optó para frenar la sentencia y convocar este pleno.

Como era de esperar, justo después de congelar la decisión, las pérdidas de los bancos a bolsa empezaron a frenar; de todos modos, la noticia hizo perder a los bancos más de 5.600 millones de euros, y en el total de la semana después del 18 de octubre -semana acompañada de la incertidumbre con el tema hipotecario- la banca española sufrió caídas en sus cotizaciones de entre el 9% y el 20%.