España suspende en contratación pública, y registra una de las peores notas de los países de la Unión Europea en este ámbito. Según un estudio de la Comisión Europea, dentro del marco de puntuación del mercado único (EU Single Market Scoreboard on public procurement), la contratación pública deja España en mal lugar, ya que de los doce indicadores que analiza el informe, el estado español sólo aprueba dos.

Se trata de unos informes anuales que publica la Comisión Europea (CE), que analiza área por área las políticas públicas en cada país, y las puntúa teniendo en cuenta varios aspectos. En el caso de la contratación pública, los indicadores analizados son: Oferta única, Sin convocatoria, Tasa de publicación, Contratos cooperativos, Criterios de adjudicación, Velocidad de decisión, Contratistas de pymes, Ofrecidos de pymes, Procedimientos divididos en lotes, Falta llamadas para las ofertas, Falta de número de registro del vendedor y Falta de números de registro del comprador.

Según la misma CE, "aunque sólo proporcionan una imagen simplificada, estos indicadores siguen destacando los aspectos básicos de los mercados de contratación de países". Como conclusión, la CE asegura que "en general, la actuación de España en el 2017 no era satisfactoria" en términos de contratación pública.

Las compras públicas, como la compra de obras, bienes o servicios por parte de organismos públicos, representan más del 14% del PIB de la UE, y tal como explica la CE, está regulado por la ley para asegurarse que el sector público obtenga la mejor relación calidad-precio y que se respeten tres principios clave: igual tratamiento, no discriminación y transparencia. Estos son, esencialmente, los principios que se vigila que se cumplan en este análisis.

España sólo aprueba dos...

El análisis de la CE muestra que el Estado sólo cumple dos de los doce indicadores. Por una parte, aprueba "satisfactoriamente" los criterios de adjudicación, que básicamente mide la proporción de procedimientos adjudicados sólo sobre la base del precio más bajo y refleja, según el estudio, como los compradores públicos escogen las empresas a quienes adjudiquen contratos. En particular, si deciden basándose en el precio único o si también tienen en cuenta la calidad. En esta categoría, España se considera que "depende poco del precio", con un 30% de dependencia a los últimos datos del 2017.

Por otra parte, se encuentra "dentro de la media" con el indicador "Sin convocatoria", que mide la proporción de procedimientos de adquisición que se negocian con una empresa sin que haya una convocatoria, y refleja varios aspectos de la contratación, incluida la transparencia y la competencia. Según explica el informe, la convocatoria de ofertas o licitación antes de empezar las negociaciones de compra "es mejor, ya que hace que el proceso de selección de licitadores sea más transparente y aumente la competencia". Eso comporta una mejor relación calidad-precio. En este aspecto, España consigue una puntuación del 8%, y el límite para superarlo es el 5%.

...suspende en el resto

Aparte de estos dos mencionados, España no cumple los requisitos en los 10 indicadores restantes. Para poner algunos ejemplos, suspende estrepitosamente el criterio de "tasa de publicación", que mide el valor de la contratación pública nacional anunciada a empresas, es decir, el acceso y la apertura de los mercados de contratación pública.

El apartado de Contratos cooperativos también muestra una mala ejecución española, que mide la proporción de procedimientos de compra con más de un comprador público, es decir, con qué frecuencia compran a los compradores públicos. Según la CE, "las tarifas excesivamente bajas sugieren oportunidades perdidas"; España un 1% en esta categoría con datos del 2017, la más baja de toda la UE junto con Rumania.

Por último, destaca también el indicador "Falta de convocatorias", que explica la proporción de los contratos adjudicados para los cuales se realizó una llamada, pero no está claro cuál era el nombre de la llamada o cuáles eran las condiciones. En definitiva, refleja hasta qué punto los compradores públicos proporcionan información insuficiente sobre sus actividades de contratación, contrariamente al derecho de la UE. En este caso, cuanto más baja es la puntuación mejor, con un límite del 5% para pasar. España llega casi al 20% en falta de transparencia.

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