El presidente de Cecot, Antoni Abad, ha alertado de que la aprobación, el pasado 5 de octubre del Real Decreto Ley de medidas urgentes para la transición energética, deja en desventaja en 4.450 empresas, 3.277 ubicadas en Catalunya y el resto en Aragón, Extremadura y alguna otra comunidad autónoma.
Abad ha señalado este jueves en un comunicado que el redactado "no tiene ningún tipo de criterio técnico" y por esta razón, desde varias organizaciones empresariales, se ha pedido a la ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera, y a los diputados catalanes en el Congreso que lo corrijan antes de que se vote y si se lleva a cabo voten en contra.
Los empresarios han recordado que el cambio de tarifas de alta tensión que convierte 6.1b -consumidoras conectados entre 30 y 36 kilovatios- en tarifa 6.2 supone un sobrecoste de 300 millones de euros anuales a estas 3.277 compañías catalanas que están conectadas a 25 kilovatios.
La sugerencia que han puesto sobre la mesa es incluir la tarifa 6.2 en las empresas con nivel de tensión de peaje a partir de 25 kilovatios, ya que la modificación que propone la normativa beneficia 1.200 empresas. Asimismo, en caso de aprobar esta demanda puede suponer un ahorro económico de 50 millones de euros anuales a estas firmas.
Los empresarios han puesto el acento en que el criterio tarifario "lo decidió el Gobierno español anterior, sin ninguna base técnica para justificarlo y habiendo sacado competencias" a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que denunció el caso ante el Tribunal Supremo. En este sentido, han recordado que pidieron al presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, devolviera las competencias al CNMC y corrigiera el nivel de potencia de conexión en el cambio de tarifa hacia la 6.2.