Las irregularidades del programa Amunt Persianes del Ayuntamiento de Barcelona ha acabado delante de la Oficina Antifraude. La presidenta del grupo municipal de JxCat, Elsa Artadi, ha presentado este viernes un escrito de denuncia delante de la Oficina Antifraude por posibles irregularidades en la gestión del programa municipal de compra de locales. Artadi pone en conocimiento de la oficina las "presuntas irregularidades" y solicita que se inicien las actuaciones previas de evaluación de los hechos y se proceda a su investigación.

La denuncia del grupo municipal de Junts per Catalunya pone especial énfasis en el caso de los locales de la calle Doctor Nubiola i Espinós y de la calle Bruc 144. Según el escrito presentado, el de la calle Bruc es un local ofrecido al Ayuntamiento por parte de un consejero municipal del equipo de gobierno. En concreto, se trata de un semisótano que ha sido adquirido por un valor total de 244.863,45 euros, propiedad, junto con otro pariente, de Max Cahner Picallo, consejero municipal de Barcelona en Comú en el distrito de Sarrià Sant-Gervasi.

Locales con actividad

Elsa Artadi ha explicado que cuando se publicó la lista de los locales que el gobierno quería comprar "les saltaron todas las alarmas", ya que algunos de los locales tenían actividad y no estaban vacíos. En más, también los sorprendió de lo que todos estaban en planta baja. Concretamente, de 16 locales del distrito de las Corts, 14 no estaban vacíos y ocho no estaban en planta baja "Nosotros hemos llegado hasta donde hemos podido", ha concluido la concejala de Junts, que ha remarcado que las irregularidades que han detectado desde la formación son "flagrantes". "Tenemos un gobierno municipal que ha ido mintiendo para tapar una situación escandalosa", ha añadido.

El grupo municipal de Junts empezó hace más de dos meses a seguir el caso de los locales de las calles Doctor Nubiola i Espinós, pidiendo explicaciones al consistorio. Desde el distrito de las Corts se les había asegurado de que los locales estaban vacíos y tasados, aunque ahora ya es conocido que hay catorce con actividad económica legal y funcionando. En su momento, Junts denunció que estaban sufriendo mobbing inmobiliario y habían recibido burofaxs porque se les quería hacer fuera". Artadi reprochó al gobierno municipal que no se les hubiera facilitado los expedientes y los acusó de mantener "opacidad" en este caso.