De cara a las elecciones municipales del 2023, Barcelona en Comú convocará una consulta para decidir la continuidad de Eloi Badia, Laura Pérez y Janet Sanz como posibles miembros de la lista electoral. La cuestión aquí es que el código ético de la formación prevé dos mandatos como máximo, de manera que los tres concejales se tienen que someter a la consideración de la militancia para poder aspirar a una tercera legislatura. Una cosa que ya hizo la misma Ada Colau, que también tendrá que tener en cuenta los delitos ambientales atribuidos a dos miembros de su equipo.
Eloi Badia: el caso de la incineradora Tersa
Por una parte, el caso del mencionado Eloi Badia, vicepresidente de Ecología del AMB y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica en el Ayuntamiento de Barcelona. Está acusado de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por las presuntas emisiones contaminantes emitidas por la incineradora Tersa (en la desembocadura del río Besòs). La coordinadora vecinal Airenet se ha personado como acusación particular a la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona, a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra la cúpula directiva de la compañía. El juzgado ha admitido a trámite los argumentos incriminatorios del Ministerio Público, según el contenido de las diligencias judiciales. "Los reconocidos como máximos responsables de la gestión de la empresa Tersa habrían estado realizando y tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa medioambiental y, por lo tanto, podrían estar suponiendo un grave riesgo para la salud de las personas que viven en el entorno más próximo a la incineradora, así como para el medio ambiente en general", dice.
Imma Mayol: los vertidos de aguas residuales y pluviales en Palma
Por otra parte, el caso de Imma Mayol, la directora del área de Ecología del AMB. La Fiscalía le pide cuatro años de prisión por un presunto delito medioambiental en modalidad omisiva. El indicio del delito se centra en los vertidos de aguas residuales y pluviales en Palma. Ambos tipos de agua son contaminantes y se derramaron, concretamente, en la bahía de Palma. La encargada de todo fue Emaya, la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la capital mallorquina y de la cual Mayol fue gerente. Ahora, corre el riesgo de ser condenada tanto a prisión como tres años de inhabilitación.
El equipo de Ada Colau
Badia y Mayol fueron designados por Colau, cosa que no deja de ser curiosa: hace unos años, la actual alcaldesa se vistió de superheroína para boicotear un acto político de ICV en el cual participaba Mayol. Encima, el código ético de la formación impide el nombramiento de cargos públicos de personas imputadas por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondo públicos.
También hay que destacar que ambos han llegado al AMB, donde han acabado muchas personas próximas a los comunes. El histórico de ICV Salvador Milà o la pareja de la concejala Lucía Martín, Alicia Ramos, han conseguido cargos en esta institución. Asimismo, las parejas tanto de Badia como de Gerardo Pisarello trabajan al Ayuntamiento de Barcelona. Y no hay que olvidar a Daniel Granados, pareja de Janet Sanz, que actualmente es el delegado de Derechos Culturales del consistorio barcelonés.