La Comisión Europea ha puesto el cascabel a este gato en su propuesta de perspectivas financieras y de políticas europeas 2028-2035, presentada el 16 de julio pasado. Propone que, al final del periodo, los jubilados ya no puedan seguir beneficiándose del apoyo europeo a las rentas agrarias. Actualmente, este tipo de decisión es de la responsabilidad única de los Estados miembros. Así acontece por ejemplo en Francia.

La situación en España

Pero este no es el caso en el Estado español. En el año 2024, un 39% de los beneficiarios tenía 65 años o más, un 51,94% (aproximadamente la mitad) tenía entre 40 y 65 años, el 7,85% estaba en el rango de 25 a 40 años y un escaso 0,69% eran menores de 25 años.

Los mayores de 65 años representan casi el 40% de los beneficiarios y reciben cerca del 26% del total de las ayudas a la renta de los agricultores. La ayuda media que reciben es, por lo tanto, muy inferior al resto de los agricultores.

La relación entre porcentaje de beneficiarios y del presupuesto es más o menos equilibrada para los que tienen entre 40 y 65 años (52% y 58%, respectivamente) y entre los menores de 25 años (1% y 1,45%). En cambio, los que tienen entre 25 y 40 años son un grupo minoritario, representan menos del 8% de los beneficiarios, pero reciben un 13,35% de las ayudas.

La normativa española

La situación española se explica por la peculiar  definición adoptada por el Reine de España en su Plan Estratégico de la PAC (PEPAC). La normativa comunitaria prevé que las ayudas deben ir a los “agricultores activos”.

El criterio esencial para definirlos es el porcentaje de sus ingresos que corresponden a las actividades agrarias. Con un porcentaje del 20%, en 2.018, último año en el que el Ministerio disponía de datos para poder hacer simulaciones, la aplicación exclusiva de este criterio habría excluido del sistema de ayudas unos 175.000 beneficiarios, más del 25% de los 660. 000 de aquel año, con un especial impacto en el olivar.

Por razones políticas perfectamente comprensibles, la definición finalmente retenida ha sido menos restrictiva.

Los mayores de 65 años representan el 39% de los beneficiarios y reciben cerca del 26% del total de las ayudas a la renta de los agricultores

El Fondo Español de garantía Agraria (FEGA) recoge en su página web la definición actualmente vigente:

“Para ser agricultor activo primero hay que ser agricultor, es decir, ser titular de una explotación agraria situada en España, y ejercer el control efectivo y asumir el riesgo empresarial de la actividad agraria desarrollada.

En segundo lugar, el agricultor no puede ejercer, como actividad principal, ninguna de las actividades que se consideran excluidas, que son: gestión de aeropuertos, instalaciones ferroviarias, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios e instalaciones deportivas y recreativas. Y además debe cumplirse al menos uno de los dos requisitos siguientes:

•    Estar dado de alta en la Seguridad Social, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) siempre que la actividad empresarial declarada esté relacionada con el sector agroalimentario, con incorporación o no en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).

•    Contar con unos ingresos agrarios que representen un porcentaje igual o superior al 25% de los ingresos totales. En el caso de los agricultores de las Islas Canarias este porcentaje será del 5%.

El requisito de agricultor activo se considera automáticamente cumplido por parte de los agricultores que percibieron menos de 5000 euros de pagos directos en la solicitud única del año anterior o que adquirieron mediante cesión o cambio de titularidad una explotación de las características indicadas en el guion anterior.

Las cooperativas agroalimentarias, cooperativas de trabajo asociado y cooperativas de explotación comunitaria de la tierra también cumplen automáticamente el requisito de agricultor activo” (el subrayado es nuestro).

Los jubilados agrarios

Entre los beneficiarios de la derogación que hemos subrayado en el párrafo anterior, entre los 175.000 beneficiarios del 2.18 que se hubiera “perdido”, la gran mayoría son sin duda jubilados.

La pensión media de jubilación en el Régimen Especial Agrario (REA) es significativamente más baja que en el Régimen General, y oscila alrededor de los 580,87 € mensuales (según datos de 2024). La ayuda a la renta es, para este colectivo, sin duda una paga extra más que bienvenida.

Es verdad que la PAC no tiene por vocación ser una política social (que en Europa son competencias exclusivas de los Estados miembros) sino una política encaminada a la sostenibilidad económica del campo y del medio rural, a la cohesión territorial y a la preservación del medio ambiente.

La PAC no tiene por vocación ser una política social sino una política encaminada a la sostenibilidad económica del campo y del medio rural

Pero también es verdad que todos los Estados miembros de la Unión están retrasando la edad de jubilación y promoviendo las jubilaciones activas, permitiendo actividades e ingresos complementarios compatibles, en mayor o menor grado, con el cobro de una jubilación.

Por último, pero no menos importante, está la sensibilidad política del tema. Su peso político, la concentración territorial y sectorial de los jubilados agrarios afectados por la posible exclusión, hace muy difícil que unos políticos con sentido de la supervivencia puedan hacer suya esta propuesta.

La evolución del número de perceptores

El número de solicitudes de ayudas agrarias europeas ha disminuido en casi 330.000 entre 2013 y 2025, siendo este último año de “solo” 582.085. Comparando con el año anterior, el descenso en el número de solicitantes es de 16.066, un 2.69%.

Mientras tanto, la superficie para la cual se han solicitado las ayudas sigue siendo en buena medida similar, algo más de 22 millones de hectáreas. No se observa, con esta estadística al menos, abandono significativo de tierras.

Poco a poco, por lo tanto, y sin mayor escándalo o polémica, el sistema está concentrando las ayudas agrarias en los agricultores más profesionales.

Una conclusión de prudencia

Al menos de que haya un cambio drástico en las políticas seguidas hasta ahora, una revalorización muy significativa de las jubilaciones más bajas, una renta mínima universal o un ingreso mínimo vital generalizado (hipótesis poco probables en el actual horizonte presupuestario y político), los franceses tienen una expresión muy precisa: Es urgente no hacer nada.