La semana pasada conocimos el cierre de la histórica ferretería Llanza, del paseo de Sant Joan de Barcelona, que no ha podido llegar al centenario por solo tres años. Su propietario, Jaume Llanza, ha decidido jubilarse... ¡A la edad de 92 años! Ha resistido todo lo que ha podido, ha aguantado 25 años más de los que le permitía la ley antes de jubilarse, pero ha cerrado sin relevo.

Lamentablemente, noticias como esta van apareciendo de vez en cuando. Un comercio emblemático de Barcelona cierra, después de 50 o 100 años de vida, porque al propietario ya no le salen los números o se jubila y no encuentra relevo. En su lugar abrirá un local de la franquicia de comida rápida o cafetería de turno. Las redes se llenan de lamentos e indignación, de gente que quién sabe si alguna vez ha pisado el comercio emblemático en cuestión, pero que tiene razón al indignarse al ver en qué se está convirtiendo el centro de Barcelona y qué están haciendo las administraciones para evitarlo.

En lo que uno a menudo no piensa es que detrás de aquella tienda histórica que cierra, hay un autónomo que cada día subía la persiana y trabajaba 10 o 12 horas luchando contra la competencia de grandes cadenas que revientan precios con productos probablemente de menor calidad, con el hándicap del alza de los alquileres y en un contexto de exceso de burocracia y normativa. Como es lógico, solo falta que le suban las cuotas para acabarlo de rematar.

Castigar a los autónomos es castigar el eslabón más débil de la cadena y tiene un efecto dominó, porque el autónomo es el empresario a pie de calle

Cuando el gobierno español plantea subidas de las cuotas a los autónomos, como las de la semana pasada, después matizadas, no solo perjudican al colectivo que sostiene una parte importante de la economía –cabe recordar que Catalunya tiene 574.000 autónomos, por 3,4 millones del conjunto del Estado. Castigarlos es castigar el eslabón más débil de la cadena y tiene un efecto dominó, porque el autónomo es el empresario y emprendedor que está a pie de calle.

El autónomo es quien nos pone el café y el bocadillo de fuet por la mañana, quien nos arregla una fuga en el lavabo, quien nos vende unos pantalones, quien nos guarda dos barras de cuarto cada día, quien nos recomienda la fruta más sabrosa que le ha llegado al mercado o incluso quien nos hace la declaración de la renta. Castigarlo supone que tenga que subir precios, que cada vez se gane la vida peor y, cuando llegue el momento de jubilarse y traspasar el negocio, nadie quiera cogerlo porque los números no salen. Esto en el caso de que no cierre antes, ahogado por unos márgenes cada vez más estrechos.

El gobierno español anunció una subida de las cuotas a los autónomos a la que solo se le puede reconocer un mérito: puso de acuerdo a todo el mundo en contra. Desde la derecha hasta la izquierda parlamentaria, pasando por los socios de gobierno de Pedro Sánchez, Sumar. La indignación entre las patronales y, especialmente, las asociaciones de autónomos, fue de dimensiones catedralicias. Por eso, la ministra socialista Elma Saiz rectificó y anunció que se congelarían las cuotas para los autónomos que cobran menos de 1.167 euros al mes, pero se subirán al resto. Quizás fue un globo sonda, aunque el rechazo generalizado era previsible. Pero la rectificación sigue sin convencer a la mayoría, empezando por los afectados y las patronales, y siguiendo por buena parte de los partidos. Junts es el que más claramente se ha opuesto, consciente de que la figura del autónomo es muy importante en Catalunya.

El autónomo necesita acceso sencillo a ayudas y subvenciones, desgravaciones por invertir, menos burocracia y agilidad de la administración

Ciertamente, lo es, y también en España: Andalucía tiene más de 600.000, Madrid y la Comunidad Valenciana se sitúan alrededor de los 400.000 y en Galicia hay más de 200.000. Por eso cuesta de entender este castigo constante a los autónomos, en lugar de incentivar su actividad. Se entiende que se deben pagar las pensiones y asegurar la viabilidad del sistema como mínimo a medio plazo, pero no se puede hacer a costa de los más débiles. En España se produce un hecho que no es habitual: la pensión media ya es más alta que el salario medio, porque cada año, las pensiones se suben más que los sueldos, por un motivo muy sencillo: es una decisión del gobierno español y afecta a más de 9 millones de personas, es decir, de votantes.

Al autónomo, y a la empresa, se le tiene que ayudar, porque eso generará más actividad, y por lo tanto más cotizaciones, más consumo y más riqueza en general. Lo explicaba muy bien este domingo Fernando Trias de Bes en ON ECONOMIA. El autónomo necesita acceso sencillo a ayudas y subvenciones, desgravaciones por invertir, simplificación de la burocracia, agilidad de la administración y una normativa realista. Quizás así, cuando uno decida jubilarse después de una vida dedicada a la tienda, el restaurante, el taxi, el despacho o la granja, encontrará relevo más fácilmente, incluso dentro de la misma familia, y no tendrá que cerrar. Y no lamentaremos después si en el local abre una franquicia, porque los autónomos, además de la importancia que tienen para la economía, también pueden ser la primera línea de defensa contra la gentrificación.