El gobierno venezolano ha decidido escalar en el enfrentamiento aéreo internacional y ha revocado las concesiones de seis aerolíneas internacionales, entre las que se encuentra Iberia, después de que estas suspendieran unilateralmente sus operaciones con el país sudamericano. El Ministerio de Infraestructuras, a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ha justificado la medida acusando a estas compañías de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de los Estados Unidos".
La decisión, anunciada mediante un comunicado oficial del organismo regulador, afecta de forma inmediata a Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM Airlines Colombia y la brasileña GOL. La publicación oficial señala de manera explícita la "revocación de la concesión" para operar en el espacio aéreo venezolano, una medida que los expertos en derecho aeronáutico califican de una de las más severas dentro del abanico de sanciones administrativas.
La justificación técnica que alega el INAC se basa en la suspensión de operaciones por parte de las aerolíneas basándose en un NOTAM (Notice to Airmen, o Aviso a los Aviadores) emitido por una "autoridad aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía". La FIR (Flight Information Region) de Maiquetía es el área de espacio aéreo bajo la jurisdicción del centro de control del aeropuerto internacional Simón Bolívar, la principal puerta de entrada a Caracas. Para el gobierno de Nicolás Maduro, esta acción constituye una violación flagrante de la soberanía nacional y una injerencia injustificada.
La crisis estalló el pasado sábado cuando la Federal Aviation Administration (FAA) estadounidense emitió una alerta oficial instando a todas las compañías aéreas a "extremar la precaución" al operar dentro del espacio aéreo que incluye Venezuela "a todas las altitudes". El aviso, aún vigente, se fundamenta en "el deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores". Esta alerta, una recomendación con un peso específico enorme en la aviación internacional, fue el detonante que llevó a Iberia y a las otras compañías a suspender sus vuelos, priorizando el principio de precaución y la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones.
La reacción del gobierno de Caracas no se ha hecho esperar y ha sido duramente crítica. En su programa semanal en una cadena estatal, el poderoso ministro del Interior y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció con dureza lo que califica de actuación hipócrita. "Los Estados Unidos emitieron un NOTAM sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela", aseveró Cabello, para luego plantear una pregunta retórica que resume la posición oficial: "Estas líneas siguen volando a otros países sin ningún tipo de problema, pero de repente les dio por no volar a Venezuela".
Las consecuencias y los escenarios futuros
La revocación de concesiones supone un duro golpe para la conectividad internacional de Venezuela y aísla aún más al país. Las compañías afectadas, algunas de las cuales como Turkish Airlines o LATAM eran claves para las conexiones con Europa, Oriente Medio y América del Sur, se ven ahora excluidas de un mercado ya muy reducido tras las sucesivas crisis y las anteriores suspensiones de operaciones de otras compañías en años anteriores. El impacto económico es inmediato para las aerolíneas, que pierden sus rutas y deberán reubicar aviones y personal, pero también para Venezuela. El aeropuerto de Maiquetía ve cómo se reduce drásticamente su tráfico internacional, afectando a los servicios aeroportuarios, al turismo incipiente y, sobre todo, a los venezolanos residentes en el exterior que utilizaban estas compañías para visitar a sus familias.
Analistas internacionales alertan de que esta medida dificulta aún más cualquier futuro diálogo para la normalización del tráfico aéreo. Mientras las autoridades venezolanas exigen respeto a su soberanía, las aerolíneas y los gobiernos de los países afectados se encuentran en una disyuntiva compleja: priorizar la seguridad operacional, tal como establecen los protocolos internacionales, o ceder a una medida que consideran de represalia política. El conflicto, que traspasa el ámbito aéreo para convertirse en una nueva frontera de la tensión geopolítica, parece lejos de una resolución rápida