El gobierno venezolano ha reaccionado con contundencia ante la suspensión masiva de operaciones por parte de diversas compañías aéreas internacionales. La medida de fuerza contemplada es la retirada de los derechos de tránsito aéreo, es decir, la revocación de los permisos que conceden las posiciones para despegar y aterrizar en los aeropuertos nacionales, si las aerolíneas no retoman sus rutas de manera inmediata. Esta fuerte reacción se produce después de que un número creciente de compañías decidiera suspender sus vuelos hacia Venezuela.

La causa radica en una advertencia formal de riesgo para la seguridad aérea emitida por la Autoridad Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA). El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela ha lanzado un ultimátum de 48 horas, que ya está en marcha, dirigido específicamente a las compañías españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra. No obstante, la lista de empresas que han dejado de volar o sobrevolar el país es mucho más amplia, e incluye nombres de peso como la chilena Latam, la brasileña Gol, la portuguesa TAP o la turca Turkish Airlines.

El detonante de esta crisis fue el aviso público emitido por las autoridades de los Estados Unidos el pasado viernes, en el que se ponía en duda la seguridad operacional en el espacio aéreo venezolano. Esta alerta fue tomada muy en serio por las aerolíneas, que comenzaron a suspender operaciones de manera preventiva. La advertencia fue respaldada y hecha suya este lunes por Enaire, que publicó su propio comunicado en el mismo sentido. El fondo de la cuestión, según la FAA, reside en el creciente despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

La administración Trump ha justificado esta presencia militar como parte de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones terroristas. Este contexto de actividad militar más elevada, según las autoridades norteamericanas, amenaza las operaciones aéreas a cualquier altitud dentro de la región, que cubre no solo el espacio aéreo venezolano, sino también la zona sur del mar Caribe.

La industria aérea pide diálogo 

En medio de esta tensa situación, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que agrupa a la mayoría de las aerolíneas del mundo, ha hecho un llamamiento al diálogo entre todas las autoridades implicadas. Desde IATA se insta a una cooperación más estrecha y a que se brinde "más claridad" a las compañías que operan en la región afectada. La asociación ha querido dejar claro que las suspensiones de vuelo no son decisiones arbitrarias, sino que responden a las precauciones exigidas por los organismos reguladores. Además, ha enfatizado el carácter temporal de estas cancelaciones, que se han adoptado tras "rigurosos análisis de riesgo" para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves, siguiendo los estándares internacionales más estrictos.

Desde IATA también se ha advertido que, si se materializa la amenaza del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de retirar los derechos de operación, el principal perjudicado sería la propia Venezuela. El país vería reducida su ya dañada conectividad aérea internacional, una vez más para una economía y una sociedad ya muy castigadas. La industria asegura que mantiene el "compromiso de restablecer las operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan". Las consecuencias prácticas de la crisis ya son evidentes.

Iberia suspendió el sábado su ruta diaria Madrid-Caracas. Air Europa se sumó este lunes, cancelando sus cinco frecuencias semanales entre España y Venezuela. La compañía ya ha renunciado a los vuelos previstos para este martes, tanto el de salida de Madrid como el de regreso desde Caracas, sin haber indicado una fecha provisional de reanudación. Por su parte, Plus Ultra también ha cancelado su vuelo de hoy y está evaluando las medidas a tomar en los próximos días. El escenario es de incertidumbre total, con miles de pasajeros afectados y una relación entre el gobierno venezolano y las aerolíneas internacionales más tensa que nunca