La construcción y gestión de la línea 2 del metro de Bogotá es uno de los grandes proyectos de infraestructuras en juego en Latinoamérica y puede caer en manos de empresas españolas. Sacyr, Acciona y CAF han mostrado interés en el proyecto y preparan una oferta, pero además, han solicitado que los tres grupos con los que competirán, todos bajo control de empresas chinas, sean apeados del concurso por un supuesto conflicto de intereses.
El consorcio español para la ampliación del metro de Bogotá, participado al 40% por Sacyr, también al 40% por Acciona y al 20% por el constructor vasco de trenes CAF, ha solicitado al gobierno de Colombia que descalifique las tres ofertas chinas con las que compite, y, por tanto, las excluya de la carrera, de manera que la española sería la única oferta que optaría a este contrato de más de 4.000 millones de euros, cuya adjudicación está prevista para el 1 de marzo.
El argumento de las empresas españolas para solicitar el veto a sus competidoras es que han incurrido en conflicto de intereses porque todas tienen control final del gobierno chino y, además, las empresas que participan en dos de las ofertas tienen un accionista común. Ninguno de estos hechos habría sido comunicado por los ofertantes en la documentación presentada para el concurso, lo que, según denuncian Sacyr, Acciona y CAF, es contrario a las bases del concurso.
Uno de los grupos que optan a la línea 2 del metro de Bogotá está formado por Mota Engil (66%) y la hongkonesa CRRC (34%); el segundo, por China Harbour Engineering Company (75%) y Xi’an Rail Transportation Group (25%), y el tercero por China Railway Construction Corporation Internacional Investment (75%) y China Railway Construction Electrification Bureau (25%).
La primera tiene como empresa principal la portuguesa Mota Engil. Sin embargo, está participada por la empresa china CCCL, con un 33% de sus acciones, que a su vez está controlada al 100% por una empresa estatal china. Su socio, la hongkonesa CRRC, también es objeto de control accionarial público, según la documentación aportada por las empresas españolas en la demanda.
Por lo que respecta a la segunda, China Harbour Engineering Company está controlada por CCCL, la misma que Mota Engil, de manera que, por un lado, también tiene control público chino y, además, podría haber un doble conflicto de intereses porque significa que las dos primeras ofertas por la ampliación del metro de Bogotá tienen un accionista en común.
En el tercer grupo, la empresa que tiene el 75% de la participación, también está controlada por una empresa 100% pública de la República Popular China. China Railway Construction Electrification Bureau Group, que participa en esta oferta con el 25%, es la única que no está bajo control accionarial final el estado Chino, según Sacyr, Acciona y CAF, lo que demostraría que no se trata de una mera vigilancia a la que están sometidas todas las compañías, pues en ese caso, argumentan que esta empresa también lo recibiría.
Pendientes de la respuesta de Bogotá
El consorcio español hizo esta reclamación a mediados de diciembre, pero no tienen aún respuesta. Metro de Bogotá no la ha publicado y fuentes de las empresas aseguran que no tienen novedades. Según el cronograma del concurso, la empresa pública de la capital colombiana tiene hasta mediados de enero para responder, y luego las empresas contarán con un mes más, hasta el 14 de febrero, para presentar sus ofertas formales. Hasta ahora, los grupos lo único que han hecho es mostrar su interés en el proyecto y se encuentran estudiando los pliegos técnicos y económicos del mismo y preparando la documentación para presentarse.
El contrato, cuyo precio de partida es de 17,73 billones de pesos colombianos, unos 4.080 millones de euros, incluye el diseño del proyecto, su construcción, su gestión, su mantenimiento y el suministro de los trenes, así como también su mantenimiento. Según publica Metro de Bogotá, el valor total del proyecto sería el doble, 35 billones de pesos.
La infraestructura tendrá 15 kilómetros y medio de longitud y 11 estaciones, de las que 10 serán subterráneas, además de un patrio taller. La línea conectará cuatro localidades de Bogotá, de la zona del noreste hasta el oeste. Según el ayuntamiento de la capital colombiana, beneficiará a 2,5 millones de personas.