La patronal nacional CEOE ha lamentado este viernes las declaraciones políticas de los últimos días en contra de los empresarios, algunas de ellas desde el propio Gobierno, y han exigido que cesen estos “ataques” y “difamaciones” que consideran parte de una “estrategia de desprestigio y descalificación” que se ha intensificado coincidiendo con el inicio del año electoral

La organización que preside Antonio Garamendi se ha pronunciado de este modo a través de un comunicado días después de que la ministra Ione Belara calificase al empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, de “capitalista despiadado” y le acusara de estar “llenándose los bolsillos” con la subida de precios de la alimentación.

“En los últimos días, hemos asistido a una serie de declaraciones por parte de algunos actores políticos e, incluso, de miembros del Gobierno, que vienen a cuestionar el papel del empresariado con una agresión directa a la que se ha llegado a poner nombre propio”, ha lamentado la patronal de los empresarios.

Esta misma semana, el propio Juan Roig respondió de forma indirecta a esas acusaciones al reivindicar el papel de los empresarios como generadores de “bienestar y riqueza”. El Gobierno, a través de la portavoz Isabel Rodríguez, explicitó el martes su apoyo al sector de la distribución y manifestó no compartir el posicionamiento de Podemos, su socio en el Gobierno. 

Con todo, varios dirigentes de la formación morada, con la propia Belarra al frente, se han reafirmado en sus acusaciones a lo largo de esta semana y han insistido en pedir al PSOE medidas para topar el precio de los alimentos básicos.

A juicio de la CEOE, que esta semana debatió sobre estas acusaciones en la reunión de su junta y comité ejecutivo, cada uno de estos “ataques” de los políticos “se extiende contra toda la iniciativa privada”, desde autónomos, comerciantes y agricultores, pequeñas y medianas empresas a grandes empresas porque todos ellos forman parte del tejido empresarial y “ejercen legítimamente su actividad desde la libertad de empresa que la Constitución española les reconoce”.

“Queremos recordar que esa Constitución, en su artículo 38, ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y exige a los poderes públicos necesaria garantía y protección en su ejercicio”, han subrayado.

La organización que dirige Antonio Garamendi ha reclamado a los políticos que den respuesta a las “enormes dificultades que atraviesan los ciudadanos”, pero “no con consignas sino con reformas”. “No con ataques a los empresarios que afectan a la convivencia, a la estabilidad del país y la confianza, sino con llamamientos al acuerdo”, insiste la organización empresarial.

Estrategia "populista"

“CEOE condena y lamenta profundamente la injusta estrategia de desprestigio y descalificación que están sufriendo las empresarias y empresarios españoles”, concreta la patronal, que considera “un grave error” dirigir la atención de la opinión pública hacia los empresarios, “culpabilizándoles de determinados problemas económicos en lo que consideramos es una estrategia peligrosísima de claro corte populista”.

Los empresarios españoles señalan a Podemos y exigen a sus cargos en el Gobierno que se comprometan con la gestión de los problemas más importantes que arrastra la economía española y centren sus esfuerzos en prepararla para un paradigma futuro en el que hará falta más formación, más innovación y más empleo.

Además, como ya hiciera Juan Roig, CEOE reivindica el papel de las empresas como motor de la economía, generadoras de actividad, empleo y recursos para el sector público que este después gestiona y distribuye en busca del bien general.

“Las empresas están detrás de ocho de cada diez empleos y han dedicado todos sus esfuerzos a mantenerlos durante la crisis desatada por la pandemia de la covid-19. Ahora, con la guerra de Ucrania, cuando se han disparado sus costes al tiempo que subía la inflación, que también están sufriendo las empresas, están haciendo un esfuerzo por no repercutirlos en su totalidad en los precios finales, mientras el mercado laboral se sostiene, a la vista de los últimos indicadores publicados”, manifesta la CEOE.

Para sostener esta contribución y para aumentarla “en beneficio de todos”, es preciso que las empresas sean competitivas. “Posicionarse en contra y no junto a las empresas y adoptar decisiones que suponen obstáculos a su desarrollo, es ir en contra de esa dinámica económica, de la recuperación, del empleo y, por tanto, del bienestar de los ciudadanos”, considera la CEOE, que asegura tener la mano tendida para “dejar a un lado la crispación que algunos parece que están buscando, y afrontar el momento actual desde la moderación y el espíritu constructivo”.

“Todo esto nos lleva a recalcar, como venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que los empresarios españoles merecen un respeto, lejos de las difamaciones a las que estamos asistiendo”.

Foment pide que no se les criminalice

Por su parte, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "máxima complicidad" para evitar que sus socios del Gobierno "criminalicen" a los empresarios, a la vez que ha reclamado "rigor y responsabilidad" a las ministras de Podemos que los han criticado.

Sánchez Llibre ha pedido a Pedro Sánchez que tome parte en esta situación "grave y lamentable" y que plantee a sus socios en el Gobierno que se "abstengan de criminalizar a los empresarios" para que no se vuelvan a repetir críticas de esta "envergadura" y tan "desafortunadas".

"Creo que el presidente Sánchez no debería permitir que sus socios del Gobierno y gente representativa hagan declaraciones contra los empresarios. Creo que tiene autoridad para hacerlo y desde Foment le pido la máxima complicidad". El presidente de Foment mantuvo hace unas semanas un rifirrafe con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que acusó de "demonizar" a los empresarios tras declarar esta que una buena parte de la inflación solo se explica "porque alguien se está forrando", en alusión a las empresas, mientras los salarios se devalúan.