La empresa Marie Claire, conocida por fabricar pantis y lencería íntima con más de un siglo de historia, y los sindicatos UGT Y CCOO han firmado este miércoles un acuerdo en el que se establece una indemnización de 23 días por año con 13 meses de tope para las 190 personas que van a ser despedidas por la empresa, según han informado los sindicatos.
El acuerdo también fija que una plantilla de 72 personas en Vilafranca y 33 en el resto de España continúen tres meses en ERTE, con posibilidad de acordar una prórroga adicional de tres meses más dentro del concurso de acreedores que la empresa va a presentar a mediados del mes de julio. La asamblea ha apoyado "masivamente" el acuerdo firmado este miércoles y que ha sido sometido a su aprobación.
Los sindicatos, en busca de alternativas a la fábrica de Marie Claire
Tras el encuentro con la compañía valenciana, los sindicatos han señalado que van a seguir "peleando" para buscar alternativas a la fábrica de Marie Claire, así como un plan industrial para la zona dels Ports, y van a seguir exigiendo "respuestas reales a la nueva administración para luchar contra la despoblación de las zonas de interior". La firma es el auténtico pulmón económico de Villafranca del Cid, la pequeña localidad del interior de Castelló, donde fue fundada en 1907 y donde ha continuado produciendo sin seguir la tendencia mayoritaria en la industria textil de externalizar la producción en otros países para abaratar costes.
La empresa -según UGT y CCOO- se ha comprometido con la comisión negociadora a abrir la tienda al público tras las peticiones que han llegado de muchos lugares de trabajadores y trabajadoras de otros sectores "que quieren mostrar su apoyo a la plantilla de Marie Claire".
Apoyo financiero, nuevo propietario y plan de relanzamiento
La Generalitat Valenciana, con el objetivo de reflotar la empresa, llevó a cabo dos inyecciones de capital canalizadas a través del Fondo Valenciano de Resiliencia por un importe total de 21,5 millones de euros divididos en varios tramos. La primera de esas inyecciones, por importe de 9,5 millones, se materializó en verano de 2021 para que la compañía pudiera pagar a sus trabajadores y sus proveedores después de haber sobrevivido a duras penas a la pandemia, reinventándose como fabricante de batas sanitarias y mascarillas. En junio de 2022, la Generalitat Valenciana inyectó otros 12 millones de euros para que la compañía pudiera continuar.
El apoyo financiero de la Generalitat Valenciana fue paralelo a la entrada de un nuevo propietario. El grupo textil B2Tex, proveedor de compañías como Inditex, compró el negocio castellonense para integrarlo en su grupo de empresas y puso al frente de la gestión al empresario valenciano Álvaro Bordils, copropietario de B2Tex. El nuevo propietario reorganizó la operativa y renovó el equipo directivo. Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para reflotar la marca.