El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha decidido elevar la opa del BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros, que dispone ahora de 30 días naturales para emitir su dictamen. Por lo que previsiblemente la decisión final se conocerá a finales de junio. En un escueto comunicado, donde no se hace referencia a la consulta pública, el ministro fundamenta la decisión por razones de interés general.
Unas razones, explica, que son distintas de la defensa de la competencia (de las que ya se ha encargado la CNMC) y que están relacionadas "con el potencial impacto de la operación en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social".
Cuerpo destaca también que la decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros se produce una vez recibido el expediente de Competencia (CNMC), donde ya se recogían "diversos compromisos" para que el BBVA pueda comprar Sabadell, pero cuyo cumplimiento "queda subordinada la autorización de la operación".
Y es que, el ministro económico -que ha apurado el plazo y ha anunciado su decisión el último día y tras el cierre de mercado- ya había advertido en varias ocasiones que la última decisión sobre la opa estaba en sus manos. Y ahora, cumpliendo su advertencia, podrá imponer más condiciones a la operación.
Aunque en la opa al Sabadell es todo bastante novedoso por su carácter hostil, no lo es que el gobierno español interceda en las fusiones con otras condiciones distintas a las ya impuestas por la CNMC. De hecho, ya ha habido ocasiones en las que esto ha ocurrido. En concreto, en la fusión de Antena 3 y La Sexta. Y también en la fusión de Orange y MásMóvil.
El Gobierno interviene
El gobierno español ha decidido finalmente intervenir en la opa casi 13 meses después de su inicio, un año largo en el que Cuerpo ha dicho en numerosas ocasiones que la operación no le satisfacía y que la fusión sería negativa para el mercado financiero español. Más contundente ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha expresado directamente que hay que frenar la opa.
A pesar de la oposición política, social y empresarial en Catalunya, la operación ha ido superando etapas. La más difícil fue la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tardó más de 10 meses en aprobarla, tras imponer al BBVA numerosas exigencias para salvaguardar la competencia.
Después de la CNMC solo quedaba el gobierno español por pronunciarse. Pedro Sánchez sorprendió hace tres semanas anunciando la convocatoria de una consulta pública para que todos aquellos ciudadanos o asociaciones preocupados por la posible compra del banco catalán por el BBVA pudieran expresarse, siempre con criterios de interés general. En base a ello, explicó, el gobierno español decidiría si intervenía o no en la opa.
La consulta ha terminado complicando el proceso, ya que existen dudas sobre su legalidad. Un despacho de abogados madrileño, Statera Legal, la ha llevado a la Audiencia Nacional y ha solicitado una medida cautelar para que no se pueda utilizar el contenido de la consulta en el informe del gobierno español. Cuerpo defiende que todo se ha hecho conforme a la legalidad y que la consulta no es vinculante.
El informe de la consulta, pendiente
En el comunicado que Economía ha enviado este martes, al cierre del mercado bursátil, no se hace referencia a la polémica consulta pública que realizó a principios del mes de mayo.
Sin embargo, ayer el ministro Carlos Cuerpo comentó que más adelante se publicaría un informe analítico con detalles del mismo, aunque sin dar una fecha concreta.
El gobierno español mantiene en secreto cuantas personas físicas y jurídicas han participado, y la orientación de la consulta, si ha sido más a favor o en contra de la opa. En cualquier caso, Cuerpo ha insistido en que las respuestas de la consulta no son vinculantes.