El Gobierno da un paso más en la opa del BBVA al Sabadell. Tras el veredicto de la CNMC y después de casi un mes con la pelota en sus manos, ha llegado el día en el que el titular de la cartera de Economía debe tomar una decisión, que, según fuentes financieras, habría sido la de elevarla al Consejo de Ministros para estudiar el expediente con más detalle. Ahora cuenta con un plazo de 30 días más para tomar la decisión final.
En este tiempo todos los ministerios tendrán voz y voto en la opa del BBVA sobre el Sabadell y tomarán una decisión de manera unánime. Aunque está por ver si en esta decisión se incluirán los resultados de la polémica consulta pública, que ahora incluso ha pasado a la esfera judicial.
El gobierno de Pedro Sánchez lanzó la consulta pública para tomar el pulso a los ciudadanos y empresas sobre la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell. Pero ha estado en tela de juicio desde el día que se anunció. Además de ser una anomalía, ya que nunca se había hecho, se ha criticado que un ente público se entrometa en la operación de una empresa privada, dirigida a los accionistas de otra.
Pero además de estas críticas, la consulta pública ha entrado de lleno en batalla judicial. Pues este lunes, un despacho de abogados interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la misma. Statera Legal ha dado este paso al considerar que la consulta es "contraria" al principio de igualdad y no discriminación.
El despacho planteará una "cautelarísima" para acelerar los tiempos
Dados los tiempos de la justicia, el procedimiento tendrá una duración muy elevada, de un año. Así que el despacho ha pedido también la adopción de una medida cautelar para que el gobierno español no pueda utilizar los resultados de la consulta pública en su decisión sobre la opa. Entendiendo que la AN podría admitirla a trámite en cosa de un mes, coincidiendo con el plazo que tiene el Consejo de Ministros para tomar su decisión final.
Sin embargo, el despacho está dispuesto a llegar hasta el final, así que tiene intención también de plantear esta misma semana una "cautelarísima" si el gobierno decide utilizar los datos de la consulta pública para emitir su veredicto sobre la opa. Se trata de una medida cautelar provisional de forma sumaria, donde no se oye a la parte contraria, y que se da en situaciones de extrema urgencia.
Fuentes del despacho consultadas por On Economia, reconocen que “es muy difícil ganar una cautelarísima” pero la plantearán. Su objetivo, insisten, es que no se incorpore al expediente final de la opa las respuestas de la consulta pública. Y que si el gobierno toma una decisión con base a dicha consulta, sea declarada nula.
Statera Legal asegura también que el gobierno español no puede impedir la fusión ni entorpecerla con condiciones severas. “En cualquier caso, solo puede mejorar condiciones, no empeorarlas”, como han hecho con operaciones anteriores. Además, uno de los motivos que plantean en el recurso ante la AN es que la consulta “carece de base de competencia” porque se preguntó por cuestiones que no les corresponde.
“Nosotros denunciamos cómo se ha hecho la consulta, no hay antecedentes, nunca se ha hecho, y menos tan mal”. En este sentido, los abogados critican también que el formulario que se debía rellenar para poder participar en la consulta no comprobaba la autenticación de identidad del usuario, lo que infringiría, además, la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, Statera Legal cree que es necesario impugnar la consulta en vía jurisdiccional y suspender de manera cautelar la utilización de los resultados.