Centenares de trabajadores de Nissan, unos 500 según la Guardia Urbana, se han manifestado este sábado en Barcelona en contra del expediente de regulación de empleo (ERE) que la multinacional nipona quiere aplicar en los centros que tiene en Catalunya. El ERE afecta a 211 de los 596 empleados que la multinacional japonesa mantiene en Catalunya, un 37% de la plantilla.

Los sindicatos denuncian que el ERE supone el "desmantelamiento" de la actividad de la multinacional japonesa en Catalunya. La marcha ha sido encabezada por una gran pancarta con el lema Nissan nos engaña, 211 familias a la calle. No al ERE. La protesta ha recorrido la Via Laietana, desde Urquinaona hasta la plaza Sant Jaume.

Los trabajadores de la automovilística denuncian que la empresa pretende desmantelar el tejido industrial que todavía mantiene en Catalunya, y aseguran que el expediente de regulación de empleo no responde a dificultades económicas, sino a una estrategia de "deslocalización progresiva" de la actividad. En concreto, la multinacional plantea despidos en los tres centros que Nissan tiene en Catalunya: el centro de recambios del Prat de Llobregat, con 110 afectados; el centro técnico de la Zona Franca de Barcelona, con 86, y el centro de áreas funcionales del Prat —recursos humanos y prevención—, con 15.

En declaraciones a los medios, Raúl Ocón, delegado de CCOO de Nissan, ha explicado que el actual expediente es "un cierre encubierto" del centro de recambios y alerta de que otras áreas de la empresa podrían acabar desapareciendo en los próximos años.

Según dice, parte del trabajo se trasladará a un operador logístico externo y otra parte a la plataforma europea que Nissan tiene en los Países Bajos, hecho que, a su parecer, evidencia que no se trata de una reestructuración puntual, sino de "un nuevo paso" en la retirada de la compañía del territorio.

La protesta llega en la recta final del periodo de consultas, que finaliza el próximo martes. Aunque los sindicatos cuestionan la validez del proceso porque consideran que la empresa no ha facilitado toda la información requerida "dentro del plazo y en la forma adecuada", las negociaciones continúan abiertas. De hecho, el lunes hay prevista una nueva reunión convocada por el Departament de Treball, un encuentro en que la representación de los trabajadores espera una implicación mayor de la administración, según informa ACN.

Despido improcedente

Esta semana la multinacional ha propuesto a los sindicatos que los 211 afectados por el ERE en Catalunya reciban una indemnización propia de un despido improcedente, es decir, 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. No obstante, en el caso de contratos anteriores a febrero de 2012, la indemnización sería mayor, de 45 días por año trabajado con 42 mensualidades como límite, en consonancia con lo previsto por la ley. En el caso de los trabajadores a partir de los 55 años, la empresa automovilística plantea un plan de rentas hasta los 61 años.

Aun así, la plantilla admite que ve difícil llegar a un acuerdo y reclama una mayor implicación del Govern de Salvador Illa ante una situación laboral que califica de "insostenible" para muchas familias. En este sentido, los representantes de los trabajadores recuerdan que la edad media de los afectados ronda los 50 años -y llega a los 53 en el centro de recambios-, una circunstancia que dificulta la reincorporación al mercado laboral. También remarcan que muchos empleados han encadenado varios procesos de reestructuración dentro de la compañía y que algunos han sufrido hasta cuatro traslados o cierres a lo largo de su trayectoria profesional.

Joan Carles Yepes, representante de UGT, insiste en que la negociación no debería limitarse a las indemnizaciones. "No queremos poner precio a los despidos", ha remarcado. En este sentido, recuerda el proceso de reindustrialización acordado tras el cierre de la planta de la Zona Franca, y reclama que se busquen soluciones parecidas.

En 2020, Nissan ya cerró en Catalunya su planta de la Zona Franca y los centros de Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac (Vallès Occidental), en una decisión que provocó una de las mayores crisis industriales de los últimos años en Catalunya. Se quedaron sin trabajo más de 2.500 trabajadores.

A la movilización también se han sumado trabajadores afectados por expedientes de regulación de otras empresas, como Serra Soldadura, que se encuentra inmersa en un concurso de acreedores que afecta a toda la plantilla; Quality Espresso, donde se ha presentado un ERE de extinciones que afecta a todo el personal del área de producción y el personal indirecto estrechamente relacionado con las actividades productivas, en total 80 personas; y EGO Appliance Controls, con un ERE para despedir a 63 personas.