Bruselas pasa a la acción. La Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España por las condiciones del Gobierno a la opa del BBVA sobre el Sabadell. El Ejecutivo comunitario ya estudiaba la operación y ahora considera que España podría haberse extralimitado al entorpecer la compra del banco catalán por parte del de origen vasco.
La Comisión Europea considera que las leyes en las que se ha basado el Consejo de Ministros español para imponer condiciones a la opa, adicionales a las dictadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), no se ajustan a la normativa comunitaria y permiten al Gobierno ir demasiado lejos en el control de operaciones privadas o de concentración empresarial. Bruselas opina que solo el Banco Central Europeo (BCE) y la CNMC tienen potestad para imponer condiciones a la opa.
La apertura del procedimiento no supone, por el momento, la anulación de las condiciones del Gobierno, que prohibió que el BBVA y el Sabadell se fusionen durante tres años, que podrían llegar a ser cinco. Este procedimiento de infracción se inicia con el envío de una carta formal de Bruselas a Madrid, en la que se solicita al gobierno de Pedro Sánchez información sobre las leyes en las que se ha basado su actuación en la opa.
En concreto, sobre aquellas que la Comisión sospecha que vulneran la legislación europea, con el fin de estudiar si realmente es así. El plazo para que España responda es de dos meses, y el Gobierno central puede acompañar la información con las alegaciones que considere oportunas para defender su actuación.
Fuentes comunitarias han explicado a varios medios en Bruselas que las operaciones de concentración bancaria no tienen por qué elevarse al Consejo de Ministros tras la aprobación por parte del regulador de la competencia, aunque también han señalado que, si existieran motivos de interés general —como defiende el Gobierno—, no habría problema y la intervención se ajustaría a la legislación comunitaria. Por eso, uno de los objetivos de la Comisión Europea es determinar si realmente existe un interés general legítimo.
El otro gran objetivo es analizar las leyes utilizadas por el Consejo de Ministros y forzar su actualización. En concreto, espera que España corrija errores detectados en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que, a juicio de Bruselas, requieren un cambio profundo. También considera necesario reorientar y repensar el uso de la ley de defensa de la competencia, según informa Europa Press.
La opa sigue su curso
La apertura del procedimiento llega pocos días antes de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe la opa y fije el periodo de aceptación, durante el cual los accionistas del Sabadell podrán decidir si aceptan la oferta del BBVA o no. El presidente de la CNMV adelantó que la aprobaría en julio, después de que el BBVA actualizara la opa con la venta de TSB, pero no abrirá el periodo de aceptación hasta que la junta del Sabadell apruebe dicha venta, el 6 de agosto.
La actuación de Bruselas no debe frenar la aprobación por parte de la CNMV, ya que, en principio, no afectaría a las condiciones, sino que supondría, si considera que España se ha extralimitado, una sanción.