Los técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, **han decidido llevar su malestar a las calles. La convocatoria de huelga de este miércoles 26 de noviembre no es una protesta más. Más allá de la reclamación de un acuerdo de carrera profesional que se ajuste a la ley, se esconde una demanda fundamental: detener el desmantelamiento progresivo de la capacidad del Estado para combatir el fraude fiscal y controlar el gasto público. Con una previsión que ellos mismos califican de "prudente", los organizadores esperan la presencia en Madrid de más de 1.500 técnicos llegados desde todos los rincones de la geografía estatal.
La manifestación, que tendrá lugar a mediodía, está diseñada para ser altamente simbólica. Los participantes se concentrarán a las 12.30 horas en la plaza de Cibeles, para iniciar después una marcha hacia el corazón de su reivindicación: la sede del Ministerio de Hacienda. Allí, a las 13.30 horas, los portavoces del colectivo atenderán a los medios de comunicación en las mismas puertas de la institución, en un acto cargado de significado.
Los motivos de la movilización son profundos y duraderos. Los técnicos denuncian un bloqueo sistémico de su carrera profesional, una movilidad geográfica y funcional casi inexistente y un escasísimo reconocimiento de sus complejas funciones y altas responsabilidades. Esta combinación, aseguran, no es solo un problema laboral para ellos, sino una amenaza para toda la ciudadanía.
En palabras de sus representantes, esta situación "debilita estructuralmente la lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público". Una afirmación que sustentan con datos contundentes: desde 2011, las denuncias por delitos fiscales se han desplomado un 82%. Para Gestha, esta cifra no es fruto de la casualidad ni de una mejora en el cumplimiento normativo fiscal, sino la prueba palpable de un "débil control de los grandes evasores", al tiempo que se incrementan las presiones fiscales sobre particulares, autónomos y pymes.
Una movilización intergeneracional
La llamada a la huelga ha calado profundamente en todas las generaciones que conforman el cuerpo técnico. Se espera la participación desde los jóvenes más noveles destinados en puestos estratégicos de control como las aduanas de Irún, Santurtzi, el aeropuerto de Bilbao o la frontera de Andorra, de donde se prevé que acuda la totalidad de la plantilla, a excepción de los asignados a servicios mínimos, hasta los veteranos que ven en esta lucha el colofón a su trayectoria profesional, incluyendo a aquellos que planean su jubilación para principios de diciembre.
Esta unidad intergeneracional refleja la preocupación compartida por un futuro que, tal como está planteado, según Gestha, "está deteriorando la estructura administrativa y provocando una pérdida de recursos clave". Este déficit, insisten, acaba perjudicando directamente a los contribuyentes que sí cumplen y, por extensión, a los servicios públicos que se financian con sus impuestos
Uno de los puntos que más tensión genera es el modelo de movilidad geográfica y funcional que aplica la Agencia Tributaria. Los técnicos alegan que la Agencia actúa con un criterio inverso al lógico y el eficiente. Según sus cálculos, unos 1.200 técnicos desearían trasladarse a la localidad donde mantienen sus lazos familiares y afectivos, una demanda legítima en cualquier administración moderna. Sin embargo, este deseo choca con una realidad burocrática: los destinos se entregan primero a los opositores que acaban de superar las pruebas por promoción interna, y solo después, como remanentes, se ofrecen las plazas vacantes a los profesionales con más antigüedad y mejor valoración en su trabajo.
Este sistema, denuncian, provoca plantillas desmotivadas, puestos vacantes en territorios con alta economía sumergida, donde más se necesita capacidad investigadora, y una rotación excesiva que impide la especialización de los equipos. Es decir, aseguran, "justo lo contrario de lo que necesita la eficaz lucha contra el fraude".
Más allá de las reivindicaciones inmediatas, Gestha reclama saldar lo que denominan una "deuda histórica con los Técnicos". Esta se concretaría en una reorganización profunda que permita estructuras más eficientes, en línea con lo que ya disponía la Ley de prevención del fraude fiscal de 2006. Esta norma hace ya casi dos décadas, instaba explícitamente a desarrollar la carrera administrativa de estos profesionales y a reconocer la complejidad de su trabajo, su responsabilidad y sus funciones superiores.
La movilización de este miércoles es, pues, la punta del iceberg de un conflicto de largo alcance. No se trata solo de condiciones laborales, sino de una cuestión de estado: la voluntad política de dotarse de los medios necesarios para garantizar la justicia fiscal y la sostenibilidad de los servicios públicos. El recorrido desde Cibeles hasta Hacienda simboliza este viaje de las quejas a las soluciones, un camino que miles de técnicos están dispuestos a recorrer para defender no solo su futuro, sino el de todo un sistema.