La asociación de propietarios Som Habitatge rechaza la regulación del alquiler de temporada que ha aprobado este jueves el Parlament, después de que el Consell de Garanties Estatutàries lo avalara prácticamente en su totalidad la nueva ley. En primer lugar, Som Habitatge reitera la contraposición a una norma que provoca “una gran inseguridad jurídica” entre los propietarios y los inquilinos. Y, en segundo lugar, argumenta y lamenta que no sea una solución para la crisis de la vivienda en Catalunya porque no ayudará a resolver el acceso a la vivienda.

Sin embargo, como asociación de propietarios, Som Habitatge considera que regular el alquiler de temporada es “una intromisión al derecho a la propiedad privada” y lamenta que la administración continúa externalizando el problema de la vivienda sobre los propietarios, en vez de asumir su responsabilidad y agilizar la construcción de viviendas, sean públicas o privadas. El objetivo de la normativa es regular el alquiler de temporada y de habitaciones y evitar que se esquive el tope a los precios del alquiler habitual. 

La entidad ha asegurado que la ley tendrá “efectos negativos en muchos otros sectores”, ya que el alquiler de temporada cubre una “necesidad muy concreta”. A su juicio, hay muchos profesionales, académicos, investigadores, estudiantes y ejecutivos que utilizan esta opción porque no necesitan una vivienda permanente y “no pueden asumir el coste de un hotel durante varios meses o semanas”.

En el mismo comunicado, Som Habitatge se ha dirigido a los partidos políticos impulsores de la medida para reprocharles que no hayan escuchado a todos los actores del sector y se hayan dejado guiar solo por posicionamientos dogmáticos no contrastados con los datos ni con la realidad. La iniciativa parlamentaria ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. Junts, por su parte, ha votado a favor de algunos artículos de la ley, pero ha rechazado el núcleo de la norma.

Confían que sea inconstitucional

Así mismo, la asociación se ha dirigido a los partidos políticos que se han opuesto a la ley para poner a su disposición los servicios jurídicos y su experiencia legal con el fin de impulsar un recurso ante el Tribunal Constitucional: da por hecho que se presentará un recurso de inconstitucionalidad y augura que este tribunal, muy probablemente, tumbará la nueva normativa. "Lamentablemente, la resolución del recurso ante el TC tardará años en llegar y el perjuicio económico que causará la nueva regulación entre los propietarios será muy grande, lo que podría derivar en demandas por responsabilidad patrimonial contra la administración", argumenta Som Habitatge

Entre los argumentos para rechazar la norma catalana, Som Habitatge menciona que "la nueva regulación no comportará un aumento significativo del parque disponible del alquiler habitual porque muchas de las viviendas que actualmente son de alquiler de temporada irán al mercado de compraventa".

El problema de fondo continúa sin resolverse; la falta de garantías jurídicas para los propietarios, a los que se ha estigmatizado socialmente desde algunos ámbitos institucionales y políticos. Para muchos pequeños propietarios no compensa poner un piso a alquiler habitual, con el riesgo que esto supone sin ningún apoyo de la administración, y por eso es cada vez más frecuente que los pongan en el mercado de compraventa.