El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) conclou que la regulación del alquiler de temporada "no contradice la normativa básica estatal ni altera el régimen obligacional". Es decir, considera que la Generalitat ha ejercido "correctamente" sus competencias en derecho civil "sin alterar la naturaleza ni los elementos nucleares del contrato de arrendamiento".
No obstante, la institución jurídico-consultiva de la Generalitat tiene dudas y cuestiona un elemento de la norma: la obligatoriedad de la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensionadas. La regulación quiere evitar que en estas zonas tensionadas los pisos protegidos acaben en el mercado libre al cabo de unos años. Y es este punto el que cuestiona el Consell de Garanties Estatutàries. No por el contenido, sino por las formas, porque considera que vulnera el principio de seguridad jurídica. Es por ello que el dictamen establece que "cabría que una norma con rango legal prevea expresamente el régimen temporal de las calificaciones de vivienda con protección oficial, sin perjuicio de una posible remisión al desarrollo reglamentario".
El dictamen del Consell de Garanties Estatutàries avala desde el punto de vista competencial la regulación pactada entre PSC, ERC, Comuns y la CUP. Afirma que la nueva regulación no altera el régimen básico estatal de las obligaciones contractuales (artículo 149.1.8 de la Constitución española), sino que se enmarca en la competencia de la Generalitat en materia de derecho civil (artículo 129 del Estatuto de Cataluña).
En cuanto al reproche de Junts sobre el hecho de que esta regulación no se haya incorporado al Código Civil de Cataluña, el Consejo afirma que la elección del instrumento normativo corresponde a "la libertad de configuración del legislador, que puede optar por incluir la regulación en una norma sectorial de vivienda", según informa la ACN. Junts también alegó ante el CGE que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley había vulnerado los derechos de participación de los diputados. Pero el Consejo de Garantías cree que se ha garantizado este derecho, ya que "las enmiendas cumplen el requisito de congruencia". "Los diputados han tenido oportunidades efectivas de participar en el debate y la votación de estas enmiendas", añade el dictamen.
Sobre la regulación del registro de grandes tenedores de vivienda cuestionado por el PPC, el Consell de Garanties concluye que se enmarca en las competencias de la Generalitat en materia de vivienda (artículo 137 del Estatuto de Cataluña).
El pasado 29 de octubre, en comisión parlamentaria, PSC, ERC, Comuns y CUP aprobaron el texto de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada. El objetivo es que los propietarios no utilicen la brecha legal para esquivar los topes al precio del alquiler fijado por ley.
Alquiler con tope en piso de temporada
El proyecto de ley define como vivienda permanente la que se destina a satisfacer la necesidad de vivienda "con independencia de su duración". De este modo, se quiere evitar que se utilicen contratos temporales para esquivar los topes al precio del alquiler. La nueva ley pactada entre PSC, ERC, Comuns y la CUP especifica que se aplican unas normas diferentes a las viviendas que tienen una finalidad "exclusivamente recreativa, de vacaciones o de ocio" y añade que "esta causa o finalidad debe hacerse constar en el contrato".
El texto dice que, incluso cuando haya una finalidad acotada a un tiempo, como puede ser un alquiler vinculado a razones profesionales, de estudios o asistencia médica, "se aplicarán las normas de los arrendamientos de vivienda relativas a la fianza, garantías y a la determinación de la renta". Así pues, solo dejan fuera de la regulación de las viviendas permanentes aquellos que realmente sean alquileres temporales vinculados a usos recreativos y turísticos. Y habrá que los propietarios lo acrediten.
En referencia al alquiler de habitaciones, se fija que la suma de rentas de una misma vivienda, aunque sea en contratos diferentes, "no puede sobrepasar" la renta máxima aplicable a la vivienda.
El acuerdo de PSC, ERC y Comuns también incluye en qué condiciones los grandes tenedores que sean promotores de viviendas de nueva construcción estarán exentos del registro de grandes tenedores.