La patronal catalana Pimec ha ocupado por primera vez en su historia un sitio en el Consejo Estatal de la Pyme, que se ha constituido este martes en Madrid, con la asistencia de su representante permanente en la capital española, Ferran Bel. En un comunicado, Pimec ha manifestado que este hecho consolida su presencia en los espacios de influencia a escala estatal, lo que le permite hacer efectiva su presencia en lugares de diálogo y participación.
El encargado de ocupar este espacio será el representante permanente de Pimec en Madrid y exdiputado en el Congreso, Ferran Bel, que "aportará la visión y experiencia de una organización enraizada en el territorio y comprometida con el tejido productivo de proximidad". En esta primera reunión, Bel ha planteado la necesidad de abordar los principales problemas que afectan a las pymes, como son los retos del crecimiento empresarial, la mejora de la productividad, la simplificación administrativa, la captación y retención de talento, el absentismo, la mejora de la contratación pública y una fiscalidad más justa.
El Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa es un órgano colegiado de carácter consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a las pymes para favorecer y facilitar su creación, crecimiento y desarrollo de ventajas competitivas y, por tanto, no es un órgano de negociación como tal. Está adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Industria.
Oposición de CEOE
Por su parte, CEOE ve "incomprensible la actitud del gobierno [español]" al permitir la entrada de Pimec este martes en el Consejo Estatal de la Pyme, algo que "fractura y distorsiona el diálogo social". Fuentes de CEOE y Cepyme han subrayado que solo estas dos organizaciones están reconocidas como agentes sociales por la Constitución Española y han considerado que esta decisión "ahonda en una deriva intervencionista de las relaciones laborales y utiliza foros clave para el diálogo social como moneda de cambio de intereses partidistas".
"CEOE y CEPYME ratifican su independencia y compromiso con la defensa de los intereses de las empresas españolas, de todos los tamaños, sectores y territorios", han apuntado. Y en este sentido, han avanzado, continuarán trabajando "con responsabilidad y coherencia, denunciando todo tipo de decisiones partidistas y alejadas del sentido de Estado necesario para poder seguir creando riqueza y generando empleo en beneficio del conjunto de la sociedad". Con el fin de mostrar su indignación, ni CEOE ni Cepyme han acudido este martes a la reunión del Consejo Estatal de la Pyme.
Observatorio de la Morosidad
Dentro de este mismo acto, el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada ha sido constituido este martes en el marco de la reunión del Consejo Estatal de la Pyme con el objetivo de supervisar los plazos de pago y promocionar las buenas prácticas. Según ha informado el Ministerio de Industria en un comunicado, este nuevo órgano consultivo, que estaba previsto en el desarrollo de la llamada Ley Crea y Crece, elaborará cada año un informe sobre la situación de los plazos de pago a las empresas.
El Observatorio está conformado por representantes de los Ministerios de Industria y Turismo; Hacienda; Economía, Comercio y Empresa; y el de Agricultura, Pesca y Alimentación. También contará con dos comunidades autónomas en representación del resto; la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES); la Cámara de Comercio de España; el INE, y representantes empresariales y de organizaciones especializadas en morosidad.
Para el ministro de Industria, Jordi Hereu, "la morosidad es una de las principales causas de dificultades financieras en las pymes", por lo que ha reclamado "una verdadera cultura del pago en plazo, tanto desde la normativa como desde las prácticas empresariales cotidianas".