Más denuncias contra la presión fiscal sobre profesionales de alto perfil que se han establecido en España al amparo de la llamada ley Beckham. Desde que se creó en 2005, el régimen fiscal  especial para impatriados (profesionales extranjeros), concebido como un instrumento tributario para atraer talento, ha sufrido sucesivas transformaciones que han acabado perjudicando a esta colectivo, según advierte el abogado Ángel Sánchez, socio de Golden Partners, despacho especializado en real estate y fiscalidad internacional. Una de las quejas es que, a diferencia del resto de ciudadanos, estos profesionales se ven obligados a tributar por su vivienda habitual.

Según los datos que maneja este abogado, al cierre de 2024, había en España 17.312 contribuyentes acogidos al régimen fiscal de impatriados, con un salario medio de 162.000 euros, a los que se les imputó impuestos por valor de 137 millones de euros por su vivienda habitual.

La base imponible asociada a este colectivo superó los 2.700 millones de euros anuales en rendimientos del trabajo, lo que pone en evidencia su “relevancia estratégica” para el sistema tributario español. Ángel Sánchez apunta que, en comunidades como Catalunya, “donde el peso de la economía del conocimiento, la inversión extranjera y el emprendimiento digital es superior a la media, estos perfiles aportan un valor añadido sustancial”.

Estima que un 20% de estos profesionales se ha establecido en Catalunya –aproximadamente, 3.464 contribuyentes– y que aportan de media unos 50.000 euros anuales en impuestos directos. Esto supone unos 173 millones de euros anuales en IRNR directo (Impuesto sobre la Renta de No Residentes). Añade que si se aplica “un multiplicador conservador de x5”, que incluye impuestos indirectos (IVA, ITP, AJD…), cotizaciones sociales y consumo inducido, la contribución total se sitúa en 850 millones de euros anuales. Subraya que esta cifra representa una “aportación estratégica a la Hacienda catalana”.

Pese a esta aportación, Ángel Sánchez advierte que el régimen fiscal especial para impatriados ha evolucionado en los últimos 20 años hasta derivar en una “persecución normativa y administrativa de perfiles cualificados” que trasladan su residencia a España. Por lo tanto, “en lugar de favorecer la movilidad de profesionales estratégicos, introduce cargas adicionales que pueden actuar como un desincentivo en la elección de país como destino de vida y trabajo”.

Evolución normativa

En 2005, se aprobó este régimen especial (al que se llamó ley Beckham por coincidir con la llegada del futbolista David Beckham al Real Madrid), que permitía a estos profesionales tributar como no residentes durante seis años, de manera que se les aplicaba el IRNR sobre rentas generadas en España. En 2010, se estableció un límite de 600.000 euros. Y en 2015 se excluyó a los deportistas profesionales y se endurecieron los tipos aplicados (del 24% hasta los 600.000 euros y del 47% por encima de este importe).

En 2023, mediante la ley de start-ups, se ampliaron los perfiles beneficiarios (teletrabajadores, emprendedores, inversores y familiares) pero se produjo una modificación substancial: “se gravaron como nacionales todos los rendimientos del trabajo mundiales”, o sea, que se hayan generado en otros países. Ángel Sánchez recalca que este “tránsito” ha supuesto que “un régimen inicialmente diseñado para incentivar la llegada de profesionales internacionales se haya convertido en una fórmula más restrictiva y rígida”.

Decisiones judiciales

El 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que los impatriados son residentes fiscales plenos por lo que no procede imputar renta inmobiliaria a la vivienda habitual. Ángel Sánchez indica que lo contrario supondría “discriminación” respecto a los demás residentes. Sin embargo, Hacienda y el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) consideran que, en la aplicación del IRNR, no cabe la exención por vivienda habitual. Sobre esta cuestión, la Comisión Europa ha iniciado un expediente de infracción contra España por supuesta discriminación en el trato a la vivienda habitual de impatriados.

Ángel Sánchez subraya que el endurecimiento de este régimen fiscal especial proyecta una “imagen de desconfianza institucional” que “compromete la llegada de profesionales estratégicos”. Recuerda que la ley Beckham ya no se limita a los “típicos altos directivos de multinacionales que venían desplazados a España”, sino que, desde la reforma de 2023, ha abierto la puerta a nuevos perfiles como emprendedores e inversores.

No obstante, pese a su apertura a nuevos perfiles, Sánchez concluye que el régimen para impatriados se ha “endurecido” hasta transmitir “un mensaje de persecución a perfiles cualificados". Apunta que la imputación de renta inmobiliaria constituye “el símbolo de esta rigidez” hasta el punto de ser “rechazada por tribunales y cuestionada por la Comisión Europea”.

Para comunidades como la catalana, indica que es “vital” garantizar un “marco fiscal coherente” porque de ello dependen “ingresos significativos” –que calcula en 850 millones de euros anuales– y “la consolidación de sectores de innovación y conocimiento”.