La Comunidad de Madrid recaudó 24.132 millones de euros y Catalunya 25.786 millones en 2021 de los impuestos compartidos con Hacienda y los cedidos por el Estado. Sin embargo, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso dejó voluntariamente de ingresar 2.626 millones de euros que le permiten las leyes, lo que supone el 15% del potencial fiscal de la Comunidad de Madrid; mientras que Catalunya obtuvo durante ese ejercicio 625 millones por encima del valor normativo (establecido por ley), superando un 4,3% su potencial legal. De haberse ajustado a su capacidad normativa, Madrid habría ingresado 26.760 millones y Catalunya 25.163 millones, según se desprende del documento de balanzas fiscales realizado por el Ministerio de Hacienda.
Ante la paradoja de que algunas comunidades autónomas hayan recaudado por encima de su capacidad normativa, Diego Martínez López, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y uno de los mayores expertos en financiación autonómica y local, explica que algunas comunidades autónomas han ejercido “al alza” su capacidad legal sobre los tributos cedidos, aunque matiza que la recaudación normativa “está muy mal definida”, distorsionando la información.
Las balanzas fiscales aportan los datos de recaudación potencial, según su valor normativo, y la recaudación real que cada comunidad autónoma ha obtenido por cada impuesto. Así, según explica el economista a ON ECONOMIA, se puede determinar cuánto deja de recaudar cada comunidad autónoma por decisiones políticas. De los 15 territorios del régimen común —exceptuando País Vasco y Navarra, del régimen foral— solo Catalunya y Baleares recaudan por encima de su valor normativo, según los datos de Hacienda. Las otras 13 lo hacen por debajo de lo que les permite la Ley.
Contribuir, según el potencial
La diferencia entre la recaudación normativa y la real es imprescindible para determinar la contribución de cada comunidad autónoma a los fondos de solidaridad del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Según los datos de la balanza fiscal, la Comunidad de Madrid aportó en 2021 por el Fondo de Garantía 4.620 millones de euros y por el Fondo de Suficiencia otros 847 millones: en total 5.467 millones. Sin embargo, a pesar de que la recaudación real de Catalunya fue mayor que la de la Comunidad de Madrid, su aportación fue de 1.700 millones al Fondo de Garantía y otros 732 millones al de Suficiencia: 2.432 millones en total.
Solo otros tres territorios han tenido que compensar la diferencia entre sus necesidades reales y los recursos que obtienen por los impuestos: la Comunidad Valenciana, que tuvo que aportar al Fondo de Suficiencia 1.550 millones de euros y la Región de Murcia, 223 millones y Baleares, que abonó 426 millones al Fondo de Garantía y 739 millones al de Suficiencia, en conjunto 1.165 millones. Se da la paradoja de que las dos primeras están en el grupo de las cuatro comunidades infrafinanciadas, una de las "lindezas" del sistema de financiación autonómica, según apunta Martínez López.
Y aclara que la aportación de cada comunidad se determina, no sobre lo que han recaudado realmente, sino lo que las leyes permiten ingresar, lo que explica que Madrid no solo pierde recaudación con la política fiscal que sigue, sino que, además, debe contribuir en proporción a lo que podría haber obtenido en caso de no aplicar recortes fiscales a los contribuyentes.
Por ese motivo, solo se computan aquellos impuestos en los que los gobiernos territoriales tenga potestad normativa. De la parte de los impuestos compartidos, —aquellos que recauda la Agencia Tributaria, aunque comparte con las haciendas autonómicas—, los ejecutivos territoriales solo tienen potestad legal sobre el IRPF; por ejemplo, bajando el tipo en el tramo autonómico -el 50% de la declaración de cada contribuyente- o, incluso, deflactando la tarifa como ha hecho la Comunidad de Madrid los dos últimos años, aunque no ha sido la única. Pero no tienen capacidad legislativa ni del IVA (Hacienda cede el 50% de lo recaudado en cada comunidad autónoma), ni en los impuestos especiales, cuyo 58% de los ingresos que generan los gestionan los territorios, según explica el profesor de la Universidad Pablo de Olavide. La recaudación del Impuesto sobre Sociedades se lo queda íntegramente el Estado.
Pero también se contabilizan para el FSA varios impuestos cedidos por el Estado que recaudan y gestionan íntegramente las comunidades autónomas, en concreto, el Impuesto de Transmisión Patrimonial y actos jurídicos documentados (ITP y AJD); el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD); los tributos sobre el juego y el impuesto de matriculación (IEDMT). Sin embargo, Martínez López aclara que no se utiliza en el cómputo el Impuesto de Patrimonio, a pesar de que las haciendas autonómicas tienen plana potestad legislativa.
La recaudación de Madrid
Con los datos de las balanzas fiscales de 2021, la Comunidad de Madrid ha dejado de ingresar 765 millones de euros en IRPF (cifra que se ha incrementado en los años 2022 y 2023, pues ha deflactado el tramo autonómico que supone la mitad de la recaudación), del ITP y AJD ha dejado de ingresar 345 millones de euros, aunque ha ingresado 91 millones por encima de su valor normativo en el caso del ISD. Aunque la mayor renuncia se produce con el Impuesto sobre Patrimonio que, según la Agencia Tributaria, habría aportado a la Hacienda de Ayuso 1.212 millones de euros, y solo obtuvo 98.000 euros. En el caso de Catalunya, por IRPF recaudó 394 millones más de su valor normativo en 2021, otros 732 millones por ITP y AJD y 303 millones más por ISD.
Caso aparte merecen los tributos sobre el juego por su baja recaudación real sobre la potencial. En 2021, se podrían haber recaudado en las 15 comunidades autónomas 4.230 millones de euros, pero los ingresos reales se limitaron a 771 millones, apenas el 18% de su potencial. En el caso de Catalunya, el dinero obtenido por estas tasas fue del 16,8% de valor normativo, con una pérdida potencial de 807 millones, y Madrid obtuvo el 24% de su potencial, con una merma potencial de 395 millones.
El experto en financiación autonómica resalta que las recaudaciones normativas están muy mal calculadas, pues la ley las definió a partir de valores de recaudación real históricos (las de 2021, sobre datos de 2009), y las ha ido evolucionando de diferente manera hasta el presente. Martínez López señala que la recaudación normativa de los impuestos sobre el juego “debe ser de las peores” calculadas.