El modelo de financiación singular que el Govern aprobó, presentó y envió a la Moncloa este martes entra en la Constitución, según el informe jurídico que acompaña la propuesta, pero requiere de mucho trabajo político. No solo para negociarlo con el Gobierno al margen del consejo de política fiscal y financiera y el resto de comunidades autónomas. También necesita una mayoría absoluta en las Cortes españolas.

El documento de propuesta de financiación que presentó la consellera de Economia i Hisenda, Natàlia Mas, explica que para meter el nuevo modelo en el ordenamiento jurídico estatal es necesaria una ley que modifique la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas (Lofca). Eso requiere de mayoría parlamentaria, algo que, según fuentes del Govern, solo requiere "negociación política", pero eso no significa que sea fácil.

De entrada, si la negociara y sacara adelante un Ejecutivo de ERC, como el actual, necesitaría acuerdo como mínimo con Junts para que tuviera opciones en el Congreso. Pero también requeriría la mayoría con la que Pedro Sánchez consiguió la investidura, con PSOE y Sumar, pero también Podemos, que actualmente está en el grupo mixto y totalmente desvinculado de Moncloa, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canària. De nuevo, un tetris tan o más difícil de hacer que el de la investidura por las tiranteces territoriales que generan las cuestiones que tocan al bolsillo.

"Primero dicen que no, pero después la realidad es que nos necesitan", valoran fuentes de Govern sobre la negativa de Moncloa al nuevo modelo

La modificación de la Lofca sería necesaria, según el informe jurídico, porque "tendría que prever la aplicación del modelo de financiación en Catalunya, haciendo referencia expresa a esta comunidad" diferenciada del resto. Además, "tendría que regular los principios y los rasgos esenciales del nuevo régimen de financiación, especialmente los referidos a la determinación del procedimiento para fijar la contribución de la Generalitat a los mecanismos de redistribución y a las cargas no asumidas que corresponden al Estado". El informe incide en que si no se hacen estas modificaciones, el Tribunal Constitucional podría tumbar la nueva financiación.

A pesar de las dificultades políticas, el Govern confía en que saldrá adelante porque está convencido de que el Gobierno se sentará a negociar a pesar del no de este martes. Como en otros casos, como la amnistía, en la que inicialmente el Estado se opuso, pero acabó negociando, fuentes de la Generalitat expresaron que, esta vez, también negociarán: "Primero dicen que no, pero después la realidad es que nos necesitan".

Ahora bien, la convocatoria electoral para el 12 de mayo hará que estas conversaciones difícilmente empiecen antes, pero en el Govern creen que después sí que se sentarán con el ejecutivo de Sánchez, aunque ahora tampoco necesita apoyos para los presupuestos del Estado, a los que ha renunciado. Todo ello, concebido en un escenario post-12-M con ERC en la Generalitat, algo que las encuestas ven poco probable.

La llave de la caja, pero sin concretar la solidaridad

La propuesta de financiación singular del Gobierno se basa en un gran principio: Catalunya tiene que tener autonomía fiscal y recaudar todos los impuestos, más de 52.000 millones. Es lo que suele llamarse tener la llave de la caja y también implicaría más capacidad de gestión fiscal, pues sería quien fijaría el tipo impositivo y los tramos en impuestos tan importantes como IRPF y Sociedades. El IVA, en cambio, es de competencia estatal por mandato comunitario. A partir de ahí, pagaría al Gobierno para compensar los servicios que presta en Catalunya y, además, un fondo de nivelación territorial.

Lo que no dio a Natàlia Mas fueron cifras de en cuánto se reduciría el déficit fiscal ni en qué porcentaje del PIB quedaría la aportación a la solidaridad de Catalunya, actualmente por encima del 8%. "No puedes entrar a una negociación mostrando tus cartas o con unas métricas que condicionen toda la negociación", dijo la consellera. Fuentes de Economía lo explicaron de otra forma ante las reiteradas preguntas de los periodistas sobre este porcentaje: "Nos estáis preguntado por el resultado del partido, pero nosotros queremos cambiar las reglas del juego".

El espolio del Estado a todas las comunidades autónomas

Lo cierto es que se podría cambiar el modelo y mantenerse el déficit fiscal, pero se entiende que tener la llave de la caja da más poder de negociación. Además, sería más fácil evitar algunos desajustes que se han ido produciendo en los últimos años y que, según denunció Mas, han incrementado el desequilibrio entre el dinero que recibe el Estado central y las comunidades autónomas, hasta el punto de que los gobiernos autonómicos hubieran tenido 112.000 millones más entre el 2012 y el 2022 si no se hubiera producido este desajuste.

Entre las cuatro deficiencias del actual modelo de financiación, Mas habló de "desequilibrio vertical". ¿En qué consiste? Pues en que el Estado ha otorgado a las comunidades una financiación insuficiente para pagar las competencias que tienen, como sanidad y educación. Lo que ha pasado, según Economía, es que la capacidad autonómica de recaudación no ha podido cubrir el incremento de las necesidades de gasto y las transferencias del Estado tampoco lo han compensado. El Gobierno sí que ha incrementado los ingresos, pero se ha quedado buena parte de este incremento.

En cifras, entre 2012 y 2022, los ingresos del Estado se han casi duplicado (más 89%), mientras que los de las comunidades solo han subido un 40%. En estos diez años, el Estado ha dejado de transferir 111.727 millones a las comunidades de régimen común –excluye, pues, el País Vasco y Navarra, que casualmente, sí que tienen la llave de la caja–, cifra que va in crescendo: ha pasado de 4.354 millones de euros el año 2013 a 19.677 millones en 2022.

Las comunidades han dejado de recibir 112.000 millones en diez años porque el Gobierno ha monopolizado el incremento de ingresos

Otra deficiencia del modelo actual denunciada por la consellera de Economía es lo que ha llamado "deslealtad institucional", que radica en el hecho de que no se ha revisado cada cinco años, como estaba previsto, para introducir modificaciones de acuerdo con los cambios de condiciones y necesidades de las partes. En concreto, Mas denunció que el Gobierno hizo cambios en impuestos cedidos, como el de la electricidad y parte del IVA sobre algunos corderos, de forma unilateral, de manera que modificó la capacidad recaudatoria de Catalunya y no lo compensó. Solo con estos cambios, Catalunya dejó de recaudar 1.794 millones entre los años 2021 y 2024 y no fue compensada.

La autonomía fiscal tendría que evitar estos ajustes y, además, daría más facilidad y agilidad al Govern para contar con los recursos necesarios en todo momento. Por ejemplo, no tendría que reclamar anticipos ni tendría que esperar compensaciones, que a veces tardan años en llegar. Tampoco estaría pendiente de si algunas transferencias se aprueban en Consejo de Ministros o en unos PGE.

La propuesta tuvo este martes un recibimiento desigual. El Gobierno le cerró la puerta, mientras que Junts la calificó de "panfleto electoral". Por lo tanto, el consenso que persigue Natàlia Mas se avista caro, sin Junts ni el PSC. En cambio, en el mundo empresarial fue bien acogida. La Cambra de Comerç valoró que era ambiciosa y la ve como un buen punto de partida.