La vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado una nueva norma que modificará de forma sustancial el Estatuto de los Trabajadores. La medida, presentada en un encuentro informativo en Madrid, tiene como objetivo principal alargar hasta diez días el permiso por defunción de un familiar y, a la vez, incorporar un nuevo permiso retribuido para atender a familiares en proceso de cuidados paliativos. La ministra, con un discurso profundamente reivindicativo, ha argumentado la medida con contundencia. "Nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie", describe Díaz.

El proyecto del Ministerio de Trabajo se articula en dos ejes principales:

-Ampliación del permiso por defunción: Actualmente, el permiso legal por este motivo es de dos o cuatro días, dependiendo del convenio colectivo, una duración ampliamente considerada como insuficiente para afrontar el trauma emocional y las necesidades logísticas que conlleva una pérdida. La extensión hasta los 10 días situaría a España a la vanguardia europea en el reconocimiento del derecho al duelo, equiparándose o superando a países del entorno.

-Creación de un nuevo permiso para cuidados paliativos: Este permiso, también de hasta 10 días, permitiría a los trabajadores acompañar y cuidar a familiares en la fase final de su vida, garantizando que las personas no tengan que elegir entre su deber profesional y el acompañamiento a sus seres queridos en los momentos más vulnerables.

Más allá del evidente componente humano, Díaz ha vinculado explícitamente estas medidas con un reto económico clave: la productividad. La ministra cree que "uno de los problemas de España respecto a la productividad es que se obliga a la gente a trabajar en condiciones que no son favorables". Con esta afirmación, la vicepresidenta ha desafiado el paradigma tradicional que contrapone derechos sociales y eficiencia económica.

Su tesis es que un trabajador que está pasando por un proceso de duelo o que está sometido al estrés de afrontar una enfermedad grave de un familiar no puede rendir, y que forzar su presencia en el puesto de trabajo es, en realidad, contraproducente para la compañía y para la economía en su conjunto. "El que entierra a una madre o que no acude al trabajo porque tiene que cuidar a su hijo no es un absentista", ha sentenciado, trazando una línea clara entre las ausencias justificadas por razones humanitarias y lo que ella llama "absentismo de verdad".

Díaz no elude el debate sobre el absentismo laboral, pero insiste en la necesidad de cualificarlo. "Hay que hablar de absentismo en España, pero 'el de verdad'", afirma. La dirigente de Sumar reconoce que este absentismo verdadero "es un problema en España" y cuantifica su impacto público en "un punto y medio del PIB". De este modo, la ministra busca desmarcar las futuras medidas de cualquier acusación de frivolidad, argumentando que atacar las causas reales de la baja productividad implica mejorar el bienestar de los trabajadores, mientras se combaten las prácticas fraudulentas que tanto daño causan al sistema.

El anuncio abre ahora un proceso de diálogo con los agentes sociales (sindicatos y asociaciones empresariales) para la concreción de la norma. Se prevé un debate intenso, especialmente en relación con la financiación de estos permisos y su asimilación por parte de las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido productivo español. No obstante, el planteamiento de Díaz sitúa el bienestar emocional de los ciudadanos en el centro de las políticas públicas, entendiendo que la calidad del trabajo y la justicia social se miden también por cómo una sociedad trata a sus miembros en los momentos de mayor vulnerabilidad.