El Ministerio de Consumo, que dirige Pablo Bustinduy, ha impuesto a la compañía Airbnb el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojados en su plataforma y que se ofertan en diversas localidades de España. En concreto, se demanda la eliminación de un total de 65.935 anuncios que contravienen la normativa sobre la publicidad que está establecida en las diferentes comunidades autónomas para este tipo de alojamientos turísticos. Son ofertas para el alojamiento en pisos turísticos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Catalunya, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.
El ministerio ha informado este lunes que, en los últimos meses, ha remitido a Airbnb hasta tres resoluciones en las que se notificaron esos más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas que se detectaron en su plataforma, resoluciones en las que se instaba a esta empresa a bloquear esta publicidad. Airbnb recurrió esta acción ante la Justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha pronunciado sobre la primera resolución emitiendo un auto en el que avala las actuaciones de Consumo. En respuesta a lo impuesto por el Ministerio en su primera resolución, el Tribunal Superior de Justicia insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata.
Sin número de licencia o registro
En este proceso, desde el ministerio se determina que, como falta grave, los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, un requisito obligatorio con el reglamento de las comunidades autónomas. Además, la oferta de los alojamientos no indica la naturaleza jurídica de los arrendadores; de manera que se desconoce si el apartamento lo alquila una empresa o un particular. Esta circunstancia es fundamental para saber si quien contrata está protegido como consumidor o no.
Otra de las faltas detectadas por la supervisión administrativa es que los anuncios de la plataforma Airbnb incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades. Esta práctica puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras, admite el Ministerio de Consumo.
Según la normativa, las prácticas que se están detectando pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Control y supervisión
El ministro Bustinduy ha manifestado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para acabar con el descontrol y la ilegalidad generalizada de alojamientos turísticos, así como para favorecer el acceso a la vivienda y blindar los derechos de los consumidores, destaca Consumo.
Para el control de Airbnb y las plataformas de alquiler de alojamientos, turísticos y de otras características, la información se está recopilando a través de la Unidad de Análisis de Consumo y ofreciendo asistencia técnica a otras administraciones para que actúen en esta línea y pongan fin a los miles de anuncios ilícitos detectados.
Las primeras actuaciones de Consumo para el control de la plataforma Airbnb se remontan a junio de 2024. En aquella fecha, la Dirección General de Consumo abrió un expediente a diversas plataformas de alquiler de apartamentos turísticos para obtener información sobre las viviendas anunciadas en sus dominios. A esta petición de información, se sumó un nuevo requerimiento de cese enviado a una de estas plataformas en la que se le instó a retirar “de forma inminente” miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio que no ofrecían su número de licencia, entre otros posibles incumplimientos del Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.