La reducción legal de la jornada laboral de las 40 horas semanales, que actualmente contempla el Estatuto de los Trabajadores en 37,5 horas, ha dado un paso más este martes, una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley que remitirá a las Cortes. Un trámite que se prevé muy complicado una vez que Junts ha anunciado su voluntad de oponerse a la medida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que afectará a 12,5 millones de asalariados, pero principalmente a aquellos —como camareros, comercio y agricultores— que no están amparados por el convenio colectivo. Respecto a los plazos, se aprueba que los convenios tienen hasta final de año para adaptarse a la medida.

Eso hace que desde el Gobierno de coalición entiendan que durante la negociación en el Congreso se deba ceder ante los partidos que en la teoría apoyan al ejecutivo de Pedro Sánchez. En la recámara, intentarán lograr el apoyo de los distintos grupos parlamentarios con un plan de ayudas a las pymes —que podría rondar los 375 millones de euros que se pusieron en la mesa de negociación con los agentes sociales— y un calendario de implantación de la medida más dilatado, especialmente para sectores y empresas con más dificultades.

Los empresarios han mostrado una resistencia férrea a la reducción legal de la jornada laboral y han defendido que se deje en manos de la negociación colectiva. Sin embargo, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo consideran que hay cerca de 1,5 millones de trabajadores que están fuera de la negociación colectiva, muchos de ellos, además, cobrando el salario mínimo interprofesional. Las asociaciones de empresarios llevan varios meses haciendo un intenso trabajo en los ámbitos parlamentarios para evitar que el texto salga adelante. Entre ellas, Foment ha mantenido reuniones con Junts, pero también con el PNV.

Pero eso es adelantar acontecimientos. Este martes, el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros no varía sustancialmente del anteproyecto que se sometió a audiencia pública y que recoge, casi al pie de la letra, el acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. La CEOE se quedó fuera del acuerdo después de haber negociado durante 9 meses, primero a solas con los sindicatos —una exigencia de la patronal— y, posteriormente, en un plano tripartito con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo.

Dos horas y media semanales menos

El principal cambio aprobado este martes por el Consejo de Ministros es una nueva redacción del artículo 34 del ET: “1. La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. 2. Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo”. Básicamente, la reforma sustituye las cuarenta horas por treinta y siete horas y media.

El texto legal establece que, en ningún caso, la reducción de las horas trabajadas supondrá una rebaja del salario, ni la compensación, absorción o desaparición de "derechos más favorables o condiciones más beneficiosas", deja claro el texto del acuerdo. Así, da un plazo, hasta final de año, para que los actuales convenios colectivos se adapten a la ley. Este es uno de los puntos que podrían ser renegociados en el Congreso, una opción que ha defendido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, frente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Contratos a tiempo parcial

El texto ampara a los trabajadores a tiempo parcial. Así, si al reducirse la jornada de 40 a 37,5 horas semanales, los contratos a tiempo parcial que tengan una duración del tiempo de trabajo igual o superior (a 37,5 horas), automáticamente pasarán a ser contratos a tiempo completo. El resto de los trabajadores, a tiempo parcial o con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo, pero con un incremento proporcional del salario. Es decir, no se les reducirá la jornada, sino que aumentará su salario.

Pero la reducción de jornada no es el único gran cambio aprobado este martes. La reforma supone un paquete de medidas adicionales que garanticen que la reforma del tiempo de trabajo es real y no se queda en papel mojado del BOE. El paquete incluye, además, un refuerzo en los controles de asistencia y del derecho a la desconexión digital efectiva.

Registro de jornada

Actualmente, las empresas ya están obligadas a tener un registro de jornada, pero el modelo se ha demostrado ineficiente. Si se aprueba el proyecto de ley, las empresas tendrán un registro diario digital que garantice "la objetividad, fiabilidad y accesibilidad", así como la interoperabilidad. A tal fin, los trabajadores ficharán de forma personal y directa al inicio y finalización de cada día y deberán registrar todas las interrupciones de la misma que afecten a su cómputo, identificando además si las horas realizadas son ordinarias, extraordinarias o complementarias.

Pero, entre las grandes modificaciones, este registro digital será accesible en tiempo real y en remoto para los empleados, sus representantes legales y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Y, para posibles inspecciones, los registros deberán guardarse durante cuatro años. Si la empresa incumple la normativa, "se presumirá como realizada la jornada ordinaria de trabajo, así como las horas extraordinarias y complementarias manifestadas por la persona trabajadora, salvo prueba en contrario". El Gobierno se da un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para sacar adelante el reglamento que regule el registro horario.

Multas más duras

La ley se acompaña de un régimen disuasorio con sanciones aumentadas, que serán consideradas como infracción grave. Si hay ausencia de registro o falseamiento de datos, se computará esa infracción por cada persona trabajadora afectada. Actualmente, se computa sobre el conjunto de los trabajadores. También serán graves los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Desconexión digital

El refuerzo del derecho a la desconexión digital es el otro gran paquete normativo aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Así, las empresas velarán por que, durante el tiempo de descanso, los trabajadores tengan derecho a no estar localizables. En este sentido, el derecho a la desconexión será "irrenunciable" y las modalidades de su ejercicio, los medios y las medidas adecuadas para garantizarlo se definirán en la negociación colectiva, donde se podrán establecer excepciones cuando concurran circunstancias excepcionales justificadas.