CEOE y Cepyme siguen resistiéndose a ceder asientos a la asociación empresarial catalana Pimec en los organismos consultivos de índole laboral. Las patronales de ámbito nacional no han cumplido la exigencia del Ministerio de Trabajo de hace unos días, que los obligaba a sentarse con Pimec para pactar la entrada de esta última en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos (CNCC). Trabajo daba, a través de una orden ministerial publicada el 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado, un plazo de diez días para que las tres patronales llegasen a un acuerdo.

Sin embargo, tras agotar el plazo, CEOE y Cepyme han vuelto a acudir a los tribunales incumpliendo los requerimientos del Ministerio de Trabajo. Así, CEOE ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar el proceso, según informan a On Economía fuentes conocedoras del proceso, después de que lo publicase este martes La Vanguardia. Según este diario, la patronal que preside Antonio Garamendi ha acudido a la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia para ampliar un recurso anterior, de agosto del año pasado, presentado contra una orden anterior del Ministerio de Trabajo que regulaba el nombramiento de vocalías en la comisión de convenios. La diferencia entre aquella orden y la del 10 de abril radica en que la primera declaraba la obligatoriedad de ceder vocalías a Pimec y la última, conmina a las organizaciones a establecer el sistema de repartos de forma pactada.

La orden del 10 de abril del Ministerio de Trabajo cesó a los 6 vocales en representación de los empresarios de la CNCC y estableció un plazo de 10 días para que las tres patronales acordasen el reparto de estas vocalías. Esa misma orden determinaba que, en caso de no alcanzarse el pacto empresarial, recaería en la Dirección General de Trabajo tomar la decisión que, como mínimo, supondría una vocalía para Pimec.

Las fuentes conocedoras del proceso judicial señalan que la presentación del recurso ante la Audiencia Nacional no paraliza, por sí sola, la posibilidad de que la Dirección General de Trabajo decida el reparto de las seis vocalías empresariales en la Comisión Nacional de Convenios Consultivos. Para evitarlo, el tribunal debería emitir medidas cautelares -solicitadas previamente por la CEOE- paralizando la incorporación de Pimec, lo cual parece poco probable. Por tanto, una vez que Pimec ya ha presentado ante la Dirección General de Trabajo su solicitud de incorporación a la CNCC, según confirman a On Economía fuentes de la patronal catalana, se abrirá un plazo para que el Ministerio de Trabajo publique en el BOE el reparto de las seis vocalías que tendría carácter inmediato.

No obstante, se trata más bien de una incorporación testimonial, pues Pimec tendrá derecho a una o incluso dos vocalías de las seis que corresponde a las organizaciones empresariales del Pleno de la CNCC. Pero el Pleno se reúne dos veces al año y las decisiones de relevancia se adoptan en la Comisión Permanente, que el Pleno se limita a ratificarlas. En la Permanente solo hay dos representantes de los empresarios y otros dos de los sindicatos y es altamente improbable que Pimec recibiese uno de los dos puestos que actualmente ostenta la CEOE.

Uso de los tribunales

Aun así, la decisión de la CEOE de recurrir la orden ministerial del 10 de abril ante la Audiencia Nacional supone un paso más en la estrategia que CEOE y Cepyme han adoptado para evitar la entrada de Pimec en los organismos consultivos. La patronal de las pymes catalanas lleva años intentando que se cumpla la ley que permite a las organizaciones empresariales de ámbito autonómico, con al menos un 15% de representatividad en su ámbito territorial, tener representación en los organismos consultivos. De momento, la batalla se ha dado en dos organismos: el Consejo Económico y Social (CES) español y en la Comisión Nacional de Convenios Colectivos (CNCC). En ambos, el Ministerio de Trabajo ha reconocido el derecho de Pimec y ha conminado a la CEOE y Cepyme a que ceda a la patronal catalana algunos de los puestos que ostentan.

Sin embargo, las patronales de ámbito nacional se han negado a traspasar sus “sillones” a Pimec y han optado por retrasar el proceso acudiendo a los tribunales. En el caso del CES español, de los 60 consejeros que componen el Consejo, 20 corresponden a las organizaciones empresariales que, actualmente, se reparten CEOE y Cepyme; y en el Consejo Consultivo de Convenios Colectivos, son 6 los puestos adjudicados a las organizaciones empresariales.

El Ministerio de Trabajo ha dictado el derecho de Pimec a tener representación, pero no ha establecido cuántos puestos le corresponden, pues ha preferido una negociación entre las organizaciones empresariales. Sin embargo, CEOE y Cepyme niegan la mayor y consideran que Pimec, al pertenecer a un Conpymes -una organización de ámbito nacional- no puede ejercer el derecho que le otorga su posición en Catalunya.

Voluntad de Pimec

El mismo 10 de abril, Pimec consideró que la orden del Ministerio de Trabajo publicada ese día en el BOE daba “continuidad y desarrolla lo ya previsto en la Orden TES/904/2024, de 27 de agosto, por la que se regula el nombramiento de las vocalías sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), en aplicación del Real Decreto 1362/2012”.

Así, Pimec consideraba que la orden de hace unos días “representa un avance hacia el cumplimiento efectivo de lo legalmente establecido en materia de representatividad y matizaba que "había emplazado ya por escrito a CEOE y Cepyme a acordar el reparto de las vocalías empresariales en la CNCC en los términos que dicha Orden requiere. La entidad catalana manifiesta su voluntad de contribuir de forma constructiva a generar los consensos necesarios que permitan reorganizar la representación empresarial en este órgano, tras el reconocimiento de su incorporación y el de las pymes que representa”.