La imagen tradicional de la jubilación a los 65 años comienza a resquebrajarse en Europa. Dinamarca ha dado un paso al frente y, ante la amenaza del desmoronamiento de su sistema de pensiones, ha aprobado elevar la edad legal de jubilación a los 70 años a partir de 2040. Una medida drástica que, según los expertos, no es un caso aislado, sino un espejo en el que España podría verse reflejada en un futuro no tan lejano. La razón es pura aritmética. En España, el gasto en pensiones consume ya cerca de 13.500 millones de euros mensuales, una cifra que se ha duplicado en los últimos quince años.

Esta presión fiscal insostenible está impulsada por un cóctel explosivo: la generación del baby boom comienza a jubilarse, la natalidad es baja, los salarios jóvenes no siempre generan cotizaciones altas y la esperanza de vida no deja de aumentar.

El sistema, que paga las pensiones actuales con las cotizaciones de los trabajadores actuales, afronta un déficit estructural de 65.000 millones de euros anuales. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía y reconocido analista, sentencia sin rodeos: “España seguirá el camino de Dinamarca”. En una reciente intervención televisiva, Bernardos argumentó que retrasar la edad de jubilación es la opción “inevitable” y la menos dolorosa. “No estamos preparados, pero no hay otra salida”, advirtió.

Para el economista, otras alternativas son inviables. Subir las cotizaciones sociales “no es justo” porque recaería sobre unos jóvenes que “ya ganan poco”. Tampoco lo es recortar las pensiones actuales, ya que penalizaría a quienes han contribuido durante décadas. La solución, en su opinión, pasa por alargar la vida laboral. Más años cotizando suponen más ingresos para la hucha de las pensiones y menos años cobrando la prestación, un doble efecto que reequilibraría las cuentas.

Bernardos destaca que el sistema de pensiones español es, a día de hoy, “generoso”. El pensionista medio español recibe como primera pensión el 83% neto de su último salario, una tasa de reposición muy superior a la media de los países de la OCDE. El problema, subraya, es la proporción entre años cotizados y años cobrando: “Muchos jubilados cotizaron durante 13 años y están cobrando durante 21. Esa ecuación no sale”.

El ejemplo danés incluye otra medida de gran calado simbólico: la supresión de las pensiones vitalicias para los políticos. Un gesto que refuerza la idea de equidad y esfuerzo compartido que, según analistas como Bernardos, debería empezar a plantearse en España si se quiere preservar los pilares del estado del bienestar, que califica de “sólido” gracias a una sanidad y educación públicas de calidad.

El debate, lejos de ser alarmista, se plantea como una necesidad de anticipación. La sostenibilidad del sistema no es una crisis futura, sino un desafío del presente que requiere de valentía política y de un pacto social para las próximas décadas.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, en España hay más de 9,6 millones de personas cobrando una pensión de jubilación. Para poner esta cifra en perspectiva:

-Representa aproximadamente el 20% de la población total del país (que ronda los 48 millones).

-Es una cantidad superior a la población total de comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña.

Pero el dato más significativo es la tendencia: esta cifra aumenta de forma constante mes a mes. Solamente en el último año, se han incorporado al sistema cientos de miles de nuevos pensionistas, un flujo que no se detendrá en la próxima década debido a la jubilación de la generación del baby boom (los nacidos entre finales de los 50 y mediados de los 70).