El diálogo social sobre el futuro del sistema de cuotas de los autónomos ha chocado este lunes con un muro de críticas por parte de sus propias asociaciones. Tanto la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) como la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) han manifestado su profundo desacuerdo con la propuesta planteada por el Gobierno, alegando que no resuelve la carencia crónica de protección social y que castiga económicamente a los más vulnerables.
En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro con el Gobierno, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha expresado, según su criterio, las deficiencias de la propuesta. Su crítica se focaliza en la "falta de equiparación" con los asalariados. "Si el gobierno quiere que apoyemos una propuesta de diálogo social, debe mejorar la protección social del colectivo y resolver los errores ya denunciados", afirmó con rotundidad.
Amor ha desmontado uno de los argumentos recurrentes del debate: la relación directa entre una mayor cotización y una mejor protección. "Los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan. La protección social es un derecho, y los autónomos ya cotizan por ingresos reales", afirma Amor, a la vez que ha recordado que "el Gobierno no ha cumplido su parte" en este ámbito. El líder de ATA ha enumerado las grandes asignaturas pendientes en materia de protección:
-Subsidio para mayores de 52 años: Exclusión que deja en una situación de desamparo a miles de autónomos en la edad más crítica.
-Subsidio asistencial para familias monoparentales: Falta de red de seguridad para los hogares con menores y sin ingresos.
-Permisos por lactancia: Derecho reconocido a los asalariados del que no disfrutan los trabajadores por cuenta propia.
Con especial dureza, Amor se ha referido al cese de actividad, calificándolo de "presunto fraude". Ha revelado que al 60% de los autónomos que, habiendo cotizado por esta prestación, solicitan acceder a ella, se les deniega. "Entre otras cosas, porque exige demostrar que se han tenido pérdidas en el último año, una condición casi prohibitiva para muchos", ha denunciado. Más allá de las grandes reivindicaciones, Amor exige correcciones técnicas urgentes derivadas de la regularización de cuotas de 2023. Señala la necesidad de impedir que los autónomos en pluriactividad tengan que cotizar por encima de la base máxima, una situación que considera injusta. También reclama que no se rebaje la base de cotización a los autónomos familiares que no tienen rendimientos netos y no están obligados a presentar la declaración de la renta.
Ante este panorama, su estrategia parece ser la de la negociación medida. "Iremos paso a paso y pactando lo que tengamos que pactar", declara, en un tono que sugiere un largo proceso por delante. Por su parte, UATAE ha llevado su protesta a un terreno aún más concreto: la injusticia fiscal de la propuesta. En un comunicado, la organización ha mostrado su "profunda preocupación y desacuerdo" con la intención de la Seguridad Social de congelar las cuotas de los tramos más bajos. La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, lo define sin rodeos: "Es incomprensible y profundamente injusto que se mantenga esta congelación para quien menos ingresa". Su propuesta es clara y diferente a la del Gobierno: "Nuestra posición sigue siendo reducir la cuota al colectivo de menores ingresos, mantenerla en los tramos medios y aumentarla en los tramos de ingresos superiores".
Desde UATAE se ha reclamado al Gobierno una apuesta decidida por "un modelo verdaderamente justo y progresivo, que garantice una protección social real sin castigar a los más vulnerables". Y han lanzado una advertencia directa: "No apoyaremos ninguna propuesta que signifique pagar más por tener los mismos derechos". El unánime rechazo de las asociaciones más representativas deja el diálogo social sobre los autónomos en un punto muerto.
Las críticas de ATA y UATAE, aunque desde perspectivas ligeramente diferentes, convergen en un eje común: la necesidad de un acuerdo que no solo ajuste las cuotas según los ingresos, sino que vincule este esfuerzo económico a una protección social de verdad equiparable a la del resto de los trabajadores. La pelota, ahora, parece estar en el tejado del Ministerio de Inclusión, que debe decidir si modifica su propuesta para desbloquear una negociación clave para la sostenibilidad del sistema y la justicia social con el colectivo autónomo.