Los datos son incuestionables: a noviembre de 2022, los ingresos del Estado por recaudación de impuestos crecen un 16%, muy por encima del PIB que, a falta de que lo confirme el INE, habría subido en torno al 5,2-5,3% en 2022. Unos ingresos que han sorprendido a la propia Agencia Tributaria y que mantienen esta dinámica desde abril de 2021. Ciertamente, el impacto del covid en 2020 distorsiona la estadística, pues ese año la recaudación se derrumbó un 9% y justificaría la fuerte recuperación de 2021 con un incremento del 15,1%. Pero, ¿cómo se explican los ritmos de 2022 que superan a los de 2021? Y, más importante, ¿se consolidarán o pueden marcharse como llegaron?

Los motivos de este comportamiento desbocado no están claros ni para los expertos ni para las autoridades económicas y, aunque no hay cifras -y mucho menos certezas-, todos apuntan a que desde la pandemia ha aflorado economía sumergida que ha empezado a tributar a Hacienda. No obstante, algunos organismos como el Banco de España piden prudencia y demandan estudios en profundidad que permitan conocer, primero, qué está pasando y, segundo, si todas estas bases impositivas nuevas han venido para quedarse o podrían desaparecer en los próximos años.

Un 5,7% de dinero aflorado

ON ECONOMIA publicó hace unos días un informe interno de la Agencia Tributaria (AEAT) que analiza la Ley antifraude y que concluye que entre 2021 y junio de 2022 ha aflorado un 5,7% de dinero oculto. A tal fin utiliza un indicador que compara la evolución de las bases imponibles con la demanda interna de los españoles. La directora general de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, ha declarado recientemente que de 2016 a 2021 se registran aumentos superiores en las bases declaradas con un diferencial que acumula 11,8 puntos.

El aumento de la recaudación fiscal está directamente ligado a la evolución de la economía. Por lógica, si se genera más dinero en España debe aumentar la recaudación pues, si no está oculto a los ojos de Hacienda, tendrá que tributar en impuestos como el IRPF, el IVA o el de Sociedades, entre otros. Pero, ¿cómo se explica que crezcan muy por encima de la economía? Diego Martínez López, investigador de Fedea y profesor en la Universidad Pablo de Olavide, matiza que es muy complicado explicar el porqué.

Los economistas hablan de elasticidad entre la recaudación y el PIB o, dicho de otra forma, el efecto que tiene el crecimiento o la caída de la economía sobre la capacidad de los impuestos para ingresar más o menos dinero. Según los cálculos de Martínez López, antes de la pandemia la elasticidad era de 1,8-2 lo que significa que si el PIB aumenta un 1% la recaudación del Estado debe crecer entre un 1,8% y el 2%. Pero esa tasa de elasticidad ha saltado por los aires desde la pandemia.

4 puntos sin explicar

Si la economía crece finalmente un 5,2%, según la tasa de elasticidad anterior, los ingresos fiscales deberían rondar un crecimiento entre el 10-10,5% y estamos a noviembre en un 16%. Algunas voces -especialmente las que restan valor a los éxitos económicos para que no se los atribuya el Gobierno- achacan estos 5-6 puntos de diferencia a la inflación, pero la mayoría de economista lo consideran excesivo. Para el profesor de la Pablo de Olavide, hay entre 3 y 4 puntos de ese crecimiento de la recaudación que no se sabe de dónde sale y que en su opinión es economía sumergida que se ha regularizado.

El Banco de España también se ha atrevido a hacer sus pronósticos. El gobernador, Pablo Hernández de Cos, considera que el 30% del crecimiento de las bases imponibles no se puede explicar con el crecimiento económico, lo que supondría que, de los 16 puntos de aumento de la recaudación hasta noviembre, no se pueden explicar 5 puntos. El gobernador reconoce que puede deberse a múltiples factores “entre los que se encuentra, por ejemplo, un posible afloramiento de la economía sumergida”.

Pero más interesante es la reflexión que hace a continuación. “Analizar este origen resulta fundamental para determinar su carácter permanente o transitorio. No obstante, no resulta sencillo evaluar esta cuestión en tiempo real. En todo caso, la evidencia histórica muestra que, en ocasiones, a la existencia de estos residuos positivos (como denomina al afloramiento de bases imponibles sin justificación) le sigue una reversión, al menos parcial, en los años posteriores”. Por este motivo, Hernández de Cos pide al Gobierno “una aproximación prudente a la programación presupuestaria que no debería tratar como permanentes los ingresos públicos asociados a estos residuos hasta que se tenga un conocimiento claro de su origen y, por lo tanto, no convendría asociar partidas de gasto permanentes al mantenimiento de dicho vigor recaudatorio”.

“Podemos decir que la Agencia Tributaria es un agente principal en la paulatina reducción de la economía sumergida”

Varias son las causas que los expertos esgrimen para explicar por qué ha salido a la luz esta economía sumergida que ha empezado a contribuir a los ingresos públicos. Hay unanimidad en señalar la pandemia como el inició de este proceso de afloramiento, lo que hace sospechar algunos motivos que se pueden agrupar en dos: un incremento de la conciencia fiscal de los españoles que han comprendido que un Estado fuerte es necesario para afrontar situaciones como el covid y, un segundo, que se podría explicar en la acción de la Agencia Tributaria para convencer o persuadir (que ambos métodos utilizan) a contribuyentes tendentes al fraude.

Martínez López matiza que estas bases no afloran solamente por la presión de la Agencia Tributaria. Desde la propia AEAT son prudentes y, aunque no se restan méritos, se muestran cautos y reconocen otras posibles causas. Entre ellas, esa conciencia que se ha adquirido desde la pandemia que ha cambiado, además, ciertos hábitos que dificultan el fraude, especialmente el uso de las tarjetas de crédito (que dejan rastro) en detrimento del efectivo, mucho más opaco a los ojos de Hacienda. Pero también un aumento de la conciencia fiscal que hace que cada vez más contribuyentes rechacen los pagos en negro.

Javier Hurtado Puerta, director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, apunta también la expansión del comercio electrónico y, sobre todo, su incorporación a la economía regular y al pago de las cargas tributarias correspondientes. Pero tras reconocer estos motivos, el responsable de la Inspección se preguntaba hace unos días en el Blog de la Agencia Tributaria qué participación ha tenido la Administración Tributaria en todos estos efectos. Y tras reconocer que la respuesta debe ser matizada, concluye que “podemos decir que la Agencia es un agente principal en la paulatina reducción de la economía sumergida”.

Tocando a su fin

El presidente de los inspectores fiscales, Julio Ranses, comenta a ON ECONOMIA la sorpresa que ha generado el volumen de “recaudación voluntaria” y remarca que la Agencia Tributaria siempre les “pide aumentos en los objetivos de control, actas de inspección, paralelas…”. Sin embargo, matiza que la “lucha contra el fraude está tocando fondo por la carencia de medios humanos en la Inspección que cifra en unos 10.000 efectivos teniendo en cuenta que hay un déficit estructural de unos 3.000 a los que se suman otros 7.000 que se jubilarán en los próximos cinco años”.

Sobre las causas que podrían explicar el fuerte incremento de la recaudación, Ranses señala entre las principales la lucha contra el fraude desde la Agencia Tributaria que tiene un segundo efecto inducido, pues aquellos contribuyentes investigados tributan en mayor cantidad de forma voluntaria los ejercicios posteriores. Pero también una mayor actividad preventiva con cartas de ayuda a los contribuyentes donde se les hace saber que tienen ciertos datos que eviten posibles errores o, incluso, tentaciones de fraude. “Es una cara más amable de la Agencia”, remarca el presidente de los inspectores fiscales. O una mayor coordinación con otras administraciones tributarias, bien autonómicas o de otros países, para obtener información de los contribuyentes españoles.

E, igualmente, incide en el aumento de la conciencia social que ha despertado la pandemia en muchos colectivos que han descubierto que estar sumergidos les impide llegar a muchas ayudas públicas o participar de ciertos beneficios. Ranses apunta por ejemplo el efecto de los fondos Next Generation que exigen una normalización con Hacienda, o sobre colectivos como los perceptores de los Ertes, del Ingreso Mínimo Vital -que solo pueden cobrarlo si no tienen actividades sumergidas- o los muchos perceptores de las ayudas recibidas durante la pandemia, el volcán de La Palma o contra la inflación por la guerra de Ucrania.