Según un estudio de SoftDoit, más del 60% de las empresas españolas ignora cuáles serán las sanciones por incumplimiento y como funciona el sistema Verifactu. El estudio pone de manifiesto el desconocimiento generalizado que todavía existe en torno a las implicaciones prácticas de la facturación electrónica en España, y alerta sobre la urgencia de una adaptación efectiva para evitar sanciones que pueden alcanzar los 50.000 euros.

Según los datos recopilados entre las empresas participantes, su grado de digitalización sigue aumentando, pero todavía queda campo para recorrer: el 45,22% afirma contar con sistemas básicos, mientras que un 39,57% asegura haber avanzado hacia una automatización elevada Solo un 15,22% se declara en un nivel bajo de digitalización. Con respecto a la obligatoriedad de la facturación electrónica en España con la Ley Crea y Crece, casi la mitad de las empresas, el 48,7%, ignora que esta ley será previsiblemente aplicable a partir del 2027 para las compañías con una facturación superior a los 8 millones de euros.

Por otra parte, el uso de programas de facturación está muy fragmentado. Las soluciones más populares a duras penas llegan a cuotas individuales del 7 al 11%, mientras que un 25% reconoce no utilizar ningún software o no saber cuál utiliza. Concretamente, un 12,2% no tiene ningún programa. Con respecto a la Ley Antifraude, el 62,61% de los encuestados afirma conocer que será obligatorio disponer de un software verificable, pero más del 60% desconoce que el incumplimiento puede suponer multas de hasta 50.000 euros. El sistema VeriFactu, que permite enviar automáticamente facturas a la Agencia Tributaria en tiempo real, sigue siendo desconocido para el 61,74% de las empresas. Solo un 26,52% asegura conocer los detalles, mientras que un 39,13% ni siquiera sabía que existía esta funcionalidad.

Sin embargo, a pesar de esta falta de certeza sobre la cual supone la facturación electrónica en España, la mayoría sí que reconoce el valor de estas nuevas normativas para reducir el fraude fiscal o impulsar la modernización administrativa. Solo un 0,4% considera que solo sirven para recaudar o complicar la vida a los autónomos. Además, hay un fuerte compromiso por parte de las empresas para iniciar su adaptación a las nuevas normativas: el 73% considera que hay una urgencia media o alta; únicamente un 26,5% lo ve como un tema secundario o cree que no lo afectará. Con respecto a los responsables de este proceso|proceso de cambio, el 32,17% indica que lo hará la misma empresa, el 29,57% delegará al proveedor de software y un 26,09% todavía no lo ha decidido.

Hay que destacar que el 44,35% de las empresas participantes en el estudio pertenecen al sector servicios, seguimientos por comercio (20,87%), industria (13,04%) y tecnología/software (12,17%). La mayoría de las organizaciones encuestadas son pequeñas empresas (30,43%) o microempresas (28,26%), mientras que los autónomos representan el 14,78%.

Kit Digital y facturación electrónica

El 36,96% de las empresas ya han solicitado e implementado soluciones gracias al Kit Digital. Sin embargo, un 18,7% todavía desconoce esta iniciativa, y un 20% indica haberla solicitado, aunque sin llegar a implementarla. "El Kit Digital es una gran oportunidad para acelerar la transformación digital, especialmente entre pymes y autónomos. No aprovecharlo supone quedarse atrás ante una normativa que exigirá una gestión mucho más tecnológica de los procesos empresariales", destaca Lluís Soler Gomis, cofundador y director de negocio de SoftDoit. Con respecto a la obligatoriedad de la facturación electrónica con la Ley Crea y Crece, solo un 45,22% afirma conocer los detalles y requisitos, mientras que el 40,43% tiene dudas o la desconoce del todo. Además, el 48,7% ignora que esta ley será previsiblemente aplicable a partir del 2027 para empresas con una facturación superior a los 8 millones de euros.

Software de facturación

Con respecto al uso de software de facturación está altamente fragmentado. Las soluciones más populares a duras penas llegan a cuotas individuales del 7 al 11%, mientras que un 25% reconoce no utilizar ningún software o no saber cuál utiliza. Y en último término de la Ley Antifraude, hasta el 62,61% de los encuestados afirma conocer que será obligatorio disponer de un software de facturación verificable desde enero del 2026, pero más del 60% desconoce que el incumplimiento puede suponer multas de hasta 50.000 euros.