La Comunidad de Madrid, Catalunya y Andalucía serán los territorios del Estado donde más personas se beneficiarán de la prórroga extraordinaria de dos años de los contratos de alquiler que vencerán este año y el que viene, una de las medidas incluidas en el decreto ley sobre vivienda que el Gobierno aprobó para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Irán. Según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo, estos tres territorios concentran el 54% de las personas afectadas por la medida. Los cálculos del ejecutivo sitúan en 2.687.392 las personas que se verán afectadas por los 1.037.603 contratos de alquiler que expirarán durante el bienio 2026-2027. De este total, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con 623.142 personas beneficiadas, correspondientes a 224.961 contratos que finalizarán en este período.
Cataluña ocupa la segunda posición con 474.814 personas afectadas por 177.833 contratos, mientras que Andalucía se sitúa en tercer lugar con 360.040 personas y 144.016 alquileres que vencerán. Después de estos tres territorios, el País Valencià suma 268.053 personas beneficiadas por 108.086 contratos; Canarias, 161.887 personas y 66.620 alquileres; Castilla y León, 145.430 afectados por 55.720 contratos; Galicia, 132.237 personas y 58.772 alquileres; y Baleares, 112.484 personas por 39.747 contratos. El Ministerio de Consumo ha precisado que los contratos del País Vasco y Navarra no se han incluido en el análisis porque la información no figura en el Panel de Hogares de la Agencia Tributaria debido a su régimen foral.
El contenido del decreto ley sobre vivienda
El decreto ley aprobado por el Gobierno incluye, más allá de la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de los contratos de alquiler que finalicen este año y el 2027, un límite del 2% en la actualización anual de la renta. Estas medidas fueron reclamadas por Sumar en el marco de las negociaciones parlamentarias para hacer frente al impacto económico del conflicto en Oriente Medio. El ejecutivo optó por aprobar el decreto de vivienda en un texto separado del de medidas anticrisis por la falta de apoyos parlamentarios que presentaba la norma en materia residencial, tal como reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la semana pasada después del Consejo de Ministros extraordinario en el que se aprobaron ambos textos.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado este viernes que el Gobierno conseguirá la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados, un objetivo para el cual ha pedido desplegar la mayor campaña de movilización social y política posible. La norma deberá ser debatida en la cámara baja en un plazo máximo de treinta días desde su aprobación, y su posible derogación mantiene en alerta a los sectores afectados.
Ante esta situación, desde Sumar han recomendado a los inquilinos cuyos contratos expiren durante el bienio que soliciten la prórroga mediante el envío de un burofax o un correo certificado al propietario para poder acogerse a la medida, en previsión de que el decreto pueda decaer en su tramitación parlamentaria. Esta recomendación responde a la incertidumbre generada por la necesidad de recabar suficientes apoyos para garantizar la vigencia de una norma clave para miles de familias en un contexto de tensiones en el mercado de alquiler.