La justicia ha puesto fin a más de dos décadas de litigio entre Samuel Eto'o y el fisco español con un desenlace sorprendente. El exdelantero del FC Barcelona no tendrá que abonar los cerca de 900.000 euros que le reclamaba la Agencia Tributaria por el ejercicio de 2005, pero su victoria no tiene nada que ver con la legalidad de sus estructuras societarias ni con la naturaleza de sus ingresos. El golpe de gracia contra Hacienda le ha llegado al exfutbolista por la vía de los plazos procesales, una cuestión menor que se ha acabado convirtiendo en una verdadera pesadilla para la inspección. El conflicto se remonta a la etapa dorada del camerunés en el Camp Nou.

Los inspectores de Hacienda, según informa El Confidencial, sospecharon que una parte del dinero que ingresó Eto'o en el año 2005 no había pasado por su IRPF, sino que había viajado a través de dos sociedades, una con sede en España y otra en Hungría. Para el fisco, aquella estructura no era más que un simulacro para tributar menos, de manera que reclamó al jugador algo más de 409.000 euros más una sanción que enfilaba el 125% de la cuota. Al final, la factura total superaba con creces los 900.000 euros. El expediente, sin embargo, no era el primero que salpicaba al delantero. Meses antes, Eto'o había reconocido ante la justicia penal un fraude de 3,8 millones de euros y había pactado con la fiscalía para evitar la prisión. Aquella herida quedó cerrada con el pago y la confesión. Pero el contencioso de 2005 continuó su curso por la vía administrativa hasta llegar a la Audiencia Nacional, que ahora le ha dado la razón al exfutbolista.

El reloj jugaba a favor del jugador

La inspección de Hacienda disponía por ley de un plazo máximo de un año para completar sus actuaciones. El problema es que en el caso de Eto'o la investigación se alargó más del doble. La administración, para justificarse, alegó que buena parte de aquella demora no se le podía reprochar a ella, sino al propio contribuyente, que supuestamente había retrasado la entrega de documentos. En concreto, el inspector cargó contra el futbolista un retraso de 223 días por no haber presentado a tiempo un contrato firmado con el FC Barcelona en 2004. Y, además, añadió otros 43 días por un supuesto aplazamiento de plazos que el jugador habría solicitado. En total, Hacienda sustraía 266 días del cómputo para mantenerse dentro del año reglamentario. La jugada, sin embargo, le ha salido mal.

La sala de la Audiencia Nacional ha analizado las dilaciones alegadas por la inspección y ha cuestionado frontalmente su validez. En cuanto al contrato con el Barcelona, el tribunal argumenta que una vez que el representante legal del jugador comunicó a Hacienda que le era imposible localizar el documento, lo que procedía era que la administración lo obtuviera a través de otros medios. Y así lo acabó haciendo, cuando requirió el contrato directamente al club. Por tanto, el retraso que realmente se puede atribuir al futbolista se reduce a solo 24 días, no a los 223 que reclamó Hacienda. Respecto a los 43 días adicionales por un supuesto aplazamiento, la sentencia es todavía más contundente: no consta en el expediente ninguna prueba fehaciente de que Eto'o solicitara formalmente ningún aplazamiento. Ni siquiera hay una fecha inicial a partir de la cual aquel aplazamiento pudiera contar. Para el tribunal, esta dilación no puede ser acreditada y, por tanto, debe caer por completo.

Una vez restituido el calendario real de la inspección, la Audiencia Nacional ha concluido que Hacienda superó el plazo de un año que le marcaba la ley. Y este exceso, por muy pequeño que sea, tiene una consecuencia irreversible: la prescripción del derecho de la administración a liquidar el impuesto. Cuando el inspector notificó la regularización, ya era demasiado tarde. El tiempo había jugado a favor de Eto'o. El resultado final es que el futbolista no tendrá que pagar ni los 409.000 euros reclamados ni la multa del 125%. La sentencia tumba una resolución previa del Tribunal Económico-Administrativo Central que hasta ahora había dado la razón al fisco. Después de dos décadas de batalla judicial, el camerunés cierra este capítulo con un veredicto favorable. Su victoria, sin embargo, es más una derrota de Hacienda por mala gestión de los plazos que una declaración de inocencia sobre el fondo del asunto.