Como en el cuento de Blancanieves, España parece seguir ensimismada mirándose en un espejo mágico. Ése que le dice lo democrática, lo justa y lo guapa que es. Y todo lo que suponga ir contra ese relato, es eliminado. 

Lo que no se cuenta no existe para muchísimas personas que no tienen por qué pasarse el día contrastando la información que reciben o yendo más allá para buscar lo que nadie parece querer contarles. 

Y por eso es muy probable que esta semana haya habido mucha gente que no se haya enterado de las cosas que han pasado más allá de las fronteras españolas. Por un lado, la decisión del Tribunal General de Justicia de la UE, que ha admitido a trámite la medida cautelar solicitada por los tres eurodiputados catalanes en el exilio: Puigdemont, Comín y Ponsatí. Una decisión sin precedentes que ha parado la que tomó el Parlamento Europeo para suspender la inmunidad que los protegía. Y por ello, han recuperado la inmunidad parlamentaria hasta que se dicte sentencia. 

El otro asunto del que se ha hablado menos todavía ha sido la resolución que ayer se aprobó en el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa y que será debatida próximamente en sesión plenaria: concretamente, la propuesta de resolución aborda la situación de los políticos en España y en Turquía. Sí, los dos países de la mano en el mismo dosier. 

Y lo que más me ha llamado la atención ha sido la reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha querido dar a entender que ese documento dice algo muy lejano a lo que en realidad señala. El comunicado de prensa desde el ministerio, en nombre del Gobierno es de tal distorsión de la realidad que francamente supone una evidencia clara para poder explicar el abismo que existe y que viene existiendo entre lo que ocurre (el propio texto del informe que puede leerse aquí) y el comunicado de prensa del ministerio de exteriores.

 

 

 

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